La sedición entra en la cuenta atrás para abaratar el desafío al Estado
La oposición dice que la reforma del Código Penal se hace «a medida de los delincuentes»
La derogación del delito de sedición ha entrado ya en su recta final. El Gobierno y sus socios parlamentarios aprobaron anoche, en un pleno extraordinario, la toma en consideración de la proposición de ley firmada por el PSOE y Unidas Podemos que plantea modificar el Código Penal con el objetivo principal de suprimir la sedición y sustituirla por una nueva figura de desórdenes públicos agravados. Este cambio, pactado por el Gobierno con ERC en plena negociación de los Presupuestos, se tramitará de urgencia y, en consecuencia, estará aprobado a más tardar en Navidad. Con él se rebajan sustancialmente las penas de quienes, como en octubre de 2017, desafiaron al Estado convocando y celebrando un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña y llegaron incluso a aprobar una declaración unilateral de independencia violentando los principales artículos sobre los que se sustenta la legitimidad constitucional: la soberanía que reside en el pueblo español y la unidad indivisible de la nación. Con la reforma promovida por el Gobierno a través de sus grupos parlamentarios, el delito que hasta ahora se consideraba sedición pasará de estar castigado con los actuales 15 años de prisión a estarlo sólo con entre tres y cinco años y, en el caso de que sus promotores fueran autoridad, se añadirá la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a ocho años. De esta forma, una vez quede derogada la sedición, se activará el artículo 2.2 del Código Penal que establece la retroactividad de las leyes penales en beneficio del reo lo que redundará en favor de los huidos de la Justicia tras la intentona del 1O –Carles Puigdemont o Marta Rovira– y aliviará las inhabilitaciones que pesan sobre los condenados –y posteriormente indultados– por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, el líder de ERC, Oriol Junqueras. En definitiva, con la supresión de este tipo penal se enmienda la plana al Tribunal Supremo, se desarman las defensas del Estado y se abaratan futuros desafíos. El propio Junqueras así lo confirmó hace un par de semanas: «Permitirá que los aparatos antidemocráticos del Estado tengan menos herramientas» y poco después en una Ejecutiva de su partido añadió: «Bajamos el precio para cuando lo volvamos a intentar». El PSOE defendió anoche su iniciativa sacando pecho de los apoyos con los que cuenta para aprobarla: independentistas, nacionalistas, abertzales y formaciones minoritarias de izquierda. Su diputado, Francisco Aranda, aprovechó la ocasión
Para el PSOE, la reforma demuestra su «valentía» y su «honestidad»
Para el PP, se trata de una iniciativa «tramposa y fraudulenta»
para lanzarse contra la oposición a la que acusó de traspasar «todo límite político y ético» contra Pedro Sánchez. El representante socialista insistió en que con esta reforma se homologa el Código Penal a las normativas que imperan en otros países europeos olvidando, sin embargo, cuál es el bien jurídico a proteger, en este caso la forma de Estado y la integridad territorial que, en caso de ser vulnerados son castigados con penas mucho más altas en el resto de Europa. Aranda anotó para su partido la «valentía política», el «sentido histórico» y la «honestidad» a la hora de resolver los problemas; a la oposición le dejó el «odio», la «confrontación» y la «no política». También responsabilizó al Gobierno de Rajoy de haber permitido, sin hacer nada, la celebración de dos referéndum ilegales y haber alimentado el crecimiento del independentismo. Ahora, insistió, «Cataluña está mucho mejor» gracias a Sánchez. También en el argumento del derecho comparado incidió el representante de Unidas Podemos, Jaume Asens, quien abogó por dejar de ser en este terreno «la excepción ibérica». Acabar con la sedición, afirmó, «es una exigencia de Europa» y una «victoria democrática». Para él, el delito de la sedición tiene un efecto «expansivo» que podía acabar afectando a cualquier tipo de activismo. Asens insistió en la necesidad de «desjudicializar» el «conflicto catalán» y abogó por proceder a una reforma mucho más profunda del Código Penal, sugiriendo así la posibilidad de que Unidas Podemos acabe apadrinando una enmienda para revisar el delito de malversación, algo que, de momento, tanto el PSOE como ERC prefieren dejar en espera. Asens incluso defendió que no se haya pedido informe al Consejo General del Poder Judicial porque, en su opinión, se trata de un órgano que tras haber caducado su mandato es «ilegal». La réplica por parte del PP le correspondió a la portavoz del grupo, Cuca Gamarra. Para ella la derogación de la sedición es una «disposición adicional» a los Presupuestos. «Es un pago del Gobierno al independentismo catalán; una derogación al dictado de Junqueras. Es una iniciativa vergonzante, tramposa y fraudulenta» que sortea, recordó, los informes del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal. «¿Por qué se ahorran sus elogios?», preguntó. En opinión del PP se trata de una reforma «a medida de los delincuentes» con la que se «desmonta piedra a piedra el Estado de Derecho». Los próximos objetivos serán, advirtió, la amnistía y el referéndum. Ahora lo que toca, afirmó, es «reescribir la sentencia del Supremo». «Nunca nadie había llegado tan lejos para mantenerse en el poder», zanjó. Gamarra apeló a los diputados socialistas a rebelarse contra la «indignidad». Y eso no sucedió, pese a que en las filas del PSOE, principalmente en las baronías, hay quienes rechazan de plano la reforma. La votación por llamamiento, es decir, expresando cada diputado de viva voz su voto, reclamada por el PP, demostró que la disciplina se acata.