Obediencia debida en el Constitucional

PEDRO SÁNCHEZ ha cruzado otra línea roja en la colonización y el descrédito de las más importantes instituciones con el nombramiento de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional (TC). Es la primera vez que un ex ministro es aupado por su propio Gobierno hasta el órgano que actúa como intérprete supremo de la Constitución. Con su designación y también con la de la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, avanza con un descaro ostensible la politización del máximo árbitro de los poderes del Estado. El presidente que nombró a su ex ministra de Justicia fiscal general del Estado impulsa ahora a dos juristas de evidente perfil político, en vez de optar por figuras independientes de prestigio incuestionable, para asegurarse no ya una mayoría progresista en el TC, sino la presencia en su seno de dos vocales que puedan actuar con la obediencia debida.

En España los dos grandes partidos siempre han nombrado a juristas ideológicamente cercanos para el TC. Por ejemplo, el PP eligió al juez Enrique López, hoy consejero de Díaz Ayuso. Sin embargo, en los últimos años España había conquistado, al menos desde el punto de vista discursivo, la apuesta por una regeneración democrática que el propio Sánchez prometió pero que desde hace cuatro años destroza golpe tras golpe, en un alarmante desdibujamiento iliberal de la separación de poderes. Por otro lado, el prestigio profesional de los nombrados hasta ahora permitía esperar de ellos una independencia que, por ejemplo, demostró el magistrado Manuel Aragón, designado por Zapatero pero que decantó la sentencia contra el Estatut. Tal ejercicio de autonomía resulta difícil de aventurar en esta ocasión.

Campo, magistrado en la Audiencia Nacional, fue discípulo de Griñán, alto cargo de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Zapatero y diputado del PSOE antes de firmar como ministro de Justicia los indultos del 1-O, empeño personal de Sánchez. La carrera de Díez también ha transcurrido sobre todo en la política. De escasa producción académica, dirigió el área de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia (con Calvo y con Bolaños) y se ha manifestado en favor del «diálogo político» sobre Cataluña.

Ambos juristas deberán analizar la constitucionalidad de las leyes promovidas por quien los ascendió, así como definir el diseño territorial del Estado, pronunciándose sobre un posible referéndum catalán. Nada de ello concuerda con la despolitización que pide la UE en su último Informe sobre el Estado de derecho.

Al contrario: con una soberbia demostración de autoritarismo, el presidente sigue empedrando el proyecto de país que ha forjado con sus socios independentistas en menoscabo del Estado de derecho. Se abre ahora una grave crisis en el TC, pues el nombramiento de los dos vocales del Gobierno debe hacerse efectivo junto a los dos que corresponden al CGPJ, donde aún no hay pacto. Un precio que pagaremos todos.

Sánchez somete al TC nombrando a dos juristas muy ligados al PSOE