Sin acuerdo en las pensiones
LA FASE final de la reforma de las pensiones reúne los componentes de las tormentas perfectas que germinan tras las legislaciones por vía de urgencia del Gobierno: un tema altamente sensible, el compromiso del Ejecutivo de atender las peticiones de las autoridades europeas sobre la cuestión, y la imposibilidad de llegar a acuerdos con los actores implicados por haberse apurado los plazos hasta el extremo. El Gobierno se comprometió hace un año con Bruselas a presentar una propuesta el 31 de diciembre pero, sin el apoyo ni siquiera de sus socios preferentes, ha vuelto a elegir la vía rápida. La reforma, imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema, tendrá que consumarse ahora sin diálogo con patronal, sindicatos ni partidos políticos. La única propuesta sobre la mesa, ampliar el periodo para calcular el subsidio, tendría un impacto casi simbólico, 10.000 millones que apenas aliviarían la hemorragia que suponen las pensiones para la Seguridad Social. De hecho, los últimos datos del IPC permiten calcular ya un sobrecoste de 15.200 millones para 2023, tras vincularse las ayudas a este indicador. El sistema público de pensiones es un tema de Estado; resulta inadmisible que, una vez más, el Gobierno haya sustituido el diálogo por la imposición.