Crítico con la ley del ‘sólo sí es sí’
Su pasado de diputado y ministro le obligará a apartarse de múltiples asuntos
Moncloa estaba en deuda con él. Natural de Osuna (Sevilla), padre de dos hijas, Juan Carlos Campo es juez de carrera desde hace más 30 años pero con tablas suficientes en la política, donde ha ejercido como diputado en cuatro legislaturas por Cádiz, su ciudad de adopción, de donde se siente y donde trabajó como magistrado de la Audiencia Provincial.
La carrera profesional de este magistrado de buen talante y perfil conciliador siempre ha estado ligada al PSOE, habiendo ostentado también varios cargos políticos en la Junta de Andalucía, hasta que en 2020 desembarcó en el Ministerio de Justicia. Allí firmó los decretos de indulto a los líderes independentistas del procés. De forma sorpresiva, días después el presidente del Gobierno lo cesó en una conversación telefónica que apenas duró dos minutos. Aquella decisión de Sánchez se interpretó como la forma que tenía el presidente de hacer borrón y cuenta nueva una vez concedidas las polémicas medidas de gracia a quienes desafiaron al Estado en el otoño de 2017. Pese a ello, y a que se quedó sin escaño, Campo siempre guardó silencio sepulcral sobre su salida del Gobierno y jamás hizo el más mínimo reproche por lo sucedido. Ahora, Sánchez ha premiado esa lealtad.
Estos días el nombre de Juan Carlos Campo –que actualmente ocupa plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– había vuelto a sonar en los mentideros políticos. Fue a cuenta de la denominada ley del sólo sí es sí. No en vano las múltiples objeciones técnicas que puso al borrador del anteproyecto de Ley que en su día le llevó al Ministerio la titular de Igualdad Irene Montero, le costó que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias lo llamara «machista».
Además, este jurista –que fue secretario de Estado de Justicia en tiempos de Francisco Caamaño y vocal del CGPJ– ejerció en las últimas legislaturas como portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados. Precisamente, su pasado como parlamentario y miembro del Consejo de Ministros le obligará a apartarse de distintos recursos que se estudien en los próximos años en el Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas por el Gobierno y las Cortes.
Juan Carlos Campo y Pilar Llop. Era un mentís al argumento del sanchismo sobre la necesidad de homologar nuestro Código Penal con los europeos en materia de golpismo y reclamaba la recuperación del delito de rebelión como un elemento básico para la defensa permanente de la democracia.
Dolores Delgado fue, en tanto que ministra, tres veces reprobada por el Congreso, lo cual era un mérito indiscutible para que Sánchez la ascendiera a la FGE. Ella acompañó al entonces juez Garzón a aquella cacería en la que cenaron con el ministro de Justicia de
Zapatero y el comisario jefe de la Policía Judicial el mismo viernes, 6 de febrero de 2009, en que el ex juez arrancó el proceso Gürtel contra el principal partido de la oposición. Una pista: ella no había ido allí a cazar, aunque no diré ni una sola palabra más sobre el asunto, no me vayan a acusar de violencia política. El caso Gürtel fue principio y fin del acoso gubernamental al PP: empezó con aquella cena
Iglesias lo llamó «machista» por alertar sobre la Ley Montero
en Andújar y terminó con la sentencia tramposa del juez amigo de Garzón, José Ricardo de Prada. Por la misma razón comprenderán que me abstenga de calificar a Juan Carlos Campo de novio de Meritxell Batet, que nunca sabemos adonde nos puede llevar esto, aunque tal vez sí convenga recordar que hace dos años y medio dijo que estamos en «una crisis sanitaria con enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. No es fácil porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente, no podemos dejar a nadie fuera». El Ministerio negó que el ministro quisiera decir lo que dijo, aunque no aclaró lo que quería decir. Hizo más méritos: él también firmó los indultos a los golpistas catalanes.
Ayer, el Gobierno ascendió al Constitucional a este tipo y a Laura Díez, mano derecha de Bolaños, no hace falta decir más. El Gobierno considera idóneos sus nombramientos de acuerdo con el artículo 22.3 de
la L.O.T.C. Quizá debió recordar que el artículo 22 de la susodicha arranca así: «Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma…» y la biografía de esta pareja no permite albergar muchas esperanzas de imparcialidad. Y de dignidad no sé qué tal.
Hubo un tiempo en que Manuel Aragón Reyes, hoy magistrado emérito, era magistrado de pleno derecho del Constitucional. Era muy reconfortante saber que a pesar de su adscripción a la izquierda su voto estaba guiado siempre por la razón, la imparcialidad y la dignidad que acabo de citar y el lunes publicaba un artículo en estas páginas contra el reparto por cuotas del TC, que era el órgano encargado de controlar al Poder Legislativo. Pero ¿qué significa eso para un Gobierno que ha entregado la agenda política a los herederos de una banda terrorista y a los golpistas catalanes? Efectivamente, nada.