El ‘sí es sí’ ya ha bajado la pena a 43 agresores
Jueces de 12 comunidades se han opuesto a las tesis de Igualdad y la Fiscalía General
¿Puede hacerse realidad este plan que cada día suena un poco menos descabellado? Dependerá de que los españoles hayan perdido o no la sensibilidad institucional que han desarrollado en estos 40 años. Si no lo han hecho, Sánchez pasará a la historia pronto, efectivamente. Si por el contrario la frustración y la propaganda hacen mella en el ciudadano confuso y empobrecido, quizá volvamos a enseñar al mundo esa patética sociología del acaudillado por la que amamos la dictadura si es la de los nuestros.
El plan está a la vista y lo denunció Edmundo Bal, que bastante tiene con sobrevivir que está cada vez más distanciado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
De hecho, entre los miembros del espacio confederal más próximos a Díaz se produjo de inmediato un intento por evitar apoyar expresamente a la titular de Igualdad.
Así, diputados destacados de esta formación como Enrique Santiago, secretario general del PCE y predecesor en el cargo de Verstrynge, o la diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, optaron por limitarse a señalar la «irresponsabilidad» e «insensatez» de las campañas publicitarias contra la violencia de género desplegadas en Madrid y Galicia y defender la existencia del concepto «científico» de «cultura de la violación», pero evitaron secundar la acusación de Montero contra los populares.
Las reacciones a las palabras de la ministra de Igualdad cayeron a lo largo de la jornada como un torrente. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pidió la palabra en el Pleno después de que Montero hablara para expresar una enérgica protesta. Después, en pasillos advirtió que «todo tiene un límite». En su opinión, el «insulto» de la ministra reviste la «máxima gravedad». «Alguien así», dijo, «no puede estar sentado en el Consejo de Ministros porque por su boca habla el Gobierno».
También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció reprochando al Gobierno ser «el primer hooligan de la política española». Feijóo volvió a pedir la dimisión de la ministra reclamándole además que «asuma su responsabilidad y recoja ya su despacho» por los efectos perniciosos que está teniendo la ley del sólo sí es sí .
La diputada del PP, Marta González, que ayer mantuvo un debate con la ministra de Justicia, Pilar LLop, precisamente sobre esta ley, recalcó que Irene Montero «ha pasado de supuesta víctima de violencia política a agresora».
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, amplió su crítica al PSOE por convertir el Congreso «en un lugar del que te expulsan si llamas filoterrorista a Bildu pero se permite que una ministra acuse a la oposición de promover la cultura de la violación». «Es una vergüenza», zanjó.
La bancada del PP protestando por las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
a la caída de la Casa Usher, donde el naranja radiante ya apenas se ve bajo el fúnebre gris. Se trata de acelerar el enfrentamiento populista entre funcionarios y clases productivas, entre jóvenes sin futuro y pensionistas blindados, entre consumidores y eléctricas, entre hipotecados al límite y opulentos banqueros, entre seudonaciones destituyentes y autonomías leales a la Constitución –con Madrid en el centro de la diana–, entre terminales mediáticas endeudadas y periodistas libres con éxito, entre persecutores de fachas y fachas por doquier. La espiral de la polarización crecerá hasta lo irrespirable
Al menos 43 agresores sexuales se han beneficiados ya de la ley del solo sí es sí. Todos ellos han visto reducida su condena entre un mínimo de un año de prisión y un máximo de siete. Y en todos los casos se ha debido a que la reforma del Código Penal incluida en la ley del Ministerio de Igualdad rebajaba el mínimo de condena para los agresores sexuales.
En contra del criterio restrictivo de la Fiscalía General y entre improperios del departamento encabezado por Irene Montero, los magistrados de al menos 12 comunidades autónomas han venido proyectando esa reducción de los mínimos a sentencias que ya eran firmes –la mayoría– o que estaban todavía en fase de recurso. En otras ocasiones, los tribunales han aplicado la ley a delitos cometidos con la norma anterior que aún estaban pendientes de sentencia. Las resoluciones indican que la pena habría sido superior conforme a la ley anterior.
Puesto que no hay un sistema de acopio de datos oficiales, es posible que la cifra real supere los 43 casos. Lo que es seguro es que aumentará considerablemente por varios motivos. Uno de ellos, porque existen cientos de sentencias que están en proceso de revisión y otras muchas los estarán en fechas próximas.
Además, la cifra conocida de casos firmes revisados aún no incluye ninguna resolución de, por ejemplo, Cataluña, donde los tribunales están actuando con menos celeridad que en otras comunidades. Barcelona es la segunda audiencia con mayor número de secciones penales, por lo que es previsible que acabe acordando revisiones a la baja. En Madrid, la
a medida que se acerque el mayo electoral.
La noche se volverá más oscura antes del amanecer. Si es que amanece, que no es poco. Y la oposición hará bien en no dejarse arrastrar a la garrotada en el fango. Hará bien en señalar serenamente los chispazos que saltan de una coalición que cortocircuita diariamente, incapaz de legislar sin ofender a un estudiante de Derecho medianamente aplicado. Hará bien en atender la súplica muda de cientos de miles de pymes y autónomos que naufragan en la morosidad frente al triunfalismo inverosímil de Calviño. Hará bien en ofrecer sus votos para una Ley Trans que no borre
Audiencia más grande, se han acordado ya 20 reducciones de pena, casi la mitad de los casos. En siete se ha incluido una orden de excarcelación, que se suman a cuatro de otros tribunales. En total, 11 órdenes de libertad, aunque en uno de los casos el beneficiado sigue cumpliendo otra condena.
Tanto en Castilla y León como en Galicia ha habido cuatro decisiones de rebajar penas. En cinco de los casos han sido los Tribunales Superiores de Justicia los que, al examinar un recurso, han indicado que confirmaban la comisión del delito pero reducían obligados la pena al haber entrado en vigor la reforma. En los otros tres, han sido las Audiencias
En 11 ocasiones la reducción iba acompañada de la orden de libertad
provinciales que dictaron la condena las que la han revisado en favor del condenado.
En Cantabria se han producido tres rebajas, una de ellas la más abultada hasta ahora: dos condenados por violación cumplirán 11 años de prisión, en lugar de los 18 que se les habían impuesto. Con dos casos están Baleares y Cataluña –sentencias nuevas– y con uno, Murcia, Canarias, Andalucía Castilla-La Mancha y, desde ayer, el País Vaco. A eso se suma que otros dos condenados del caso Arandina han visto como el Tribunal Supremo les elevaba la condena, pero precisando que habría sido mayor antes de la ley del sí es sí.
a las mujeres o para una legislación de vivienda no tercermundista, y que sea Sánchez el que evidencie al rechazarlos su preferencia por Montero, Otegi y Rufián.
Y hará bien en construir un discurso luminoso, no solo crítico, uno que lleve alguna esperanza a un pueblo deprimido y estupefacto que contempla a diario la humillación del patriota y la revancha del delincuente, pero no puede detenerse a pensar porque el escándalo de hoy cubre el de ayer. Porque al insignificante ciudadano no se le permite preguntarse qué ha hecho para tener este Gobierno, sino si es lo suficientemente progresista para merecerlo.