Concesión al PNV con el impuesto a los ricos
LA NEGOCIACIÓN que mantienen el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para no aplicar el conocido como impuesto a los ricos en el País Vasco es un reflejo más del accidentalismo de la política de Pedro Sánchez. El presidente se adapta a cualquier concesión con tal de mantener a flote el Gobierno, aunque se trate de echar por tierra una medida que ayer consideraba indispensable para el país.
Durante meses, el Ejecutivo de coalición defendió con una vehemencia forzada la necesidad del gravamen de solidaridad sobre las grandes fortunas. Era una propuesta de Podemos que el PSOE rechazaba, pero con la que acabó transigiendo porque, mantuvo, urgía dada la situación social. Desde estas mismas páginas evidenciamos que en realidad ese argumento no se sostenía, y que se trataba de una respuesta acelerada a la ofensiva económica del PP andaluz, que había anunciado la supresión del Impuesto de Patrimonio mirándose en el espejo de Madrid. El Gobierno quería coartar la capacidad fiscal de las comunidades del PP, una capacidad que está reconocida en la Constitución. Y este objetivo queda hoy más a la luz que ayer con la existencia de esta negociación.
La sola posibilidad de dejar al País Vasco sin el impuesto es un agravio comparativo respecto a aquellos territorios a los que no se permitirá ni siquiera plantear la disyuntiva. Y no hay que olvidar que el PSOE que presume de ser un partido socialdemócrata y de izquierdas no tiene problemas en suprimir el impuesto a los ricos en la comunidad más próspera de España.
El quid de la cuestión es que el PNV prefiere que las grandes fortunas sólo tributen por su Impuesto sobre el Patrimonio, más beneficioso que el estatal. Y el Gobierno accederá a lo pedido. La concesión podría tildarse de simbólica y no de efectista porque los nuevos ciudadanos afectados por el impuesto a los ricos serían sobre medio millar más. Pero de lo que estamos hablando, más allá de la hipocresía del Gobierno, es de otro privilegio a la comunidad que siempre los recibe. Una autonomía que se ha convertido en una suerte de paraíso fiscal con el consentimiento y la participación activa de los diferentes ejecutivos nacionales, que han contribuido a ahondar en su brecha fiscal con el resto de autonomías.
Defendía el presidente Sánchez que su «reforma fiscal progresista» haría que contribuyeran a las arcas del Estado los que más tienen. Pero una vez más se amplía la distorsión en la financiación autonómica. Esto sí que urge enderezarlo. El País Vasco y Navarra mantienen sistemas fiscales diferenciados dentro de la unidad de España, únicos en la UE por sus características. No participan de manera proporcional en la solidaridad nacional, de forma que sus ciudadanos reciben del erario más que el resto de los españoles. Esto sí es desigualdad.
En la comunidad más prospera se negocia no aplicar el gravamen