El 60% reclama la dimisión de Irene Montero
El 50% de los votantes del PSOE y el 30% de UP pide rectificar la ley del ‘sólo sí es sí’
La mayoría de los españoles ve lo que el Gobierno se resiste a aceptar: los defectos de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí, que ya han propiciado decenas de rebajas de condena a violadores e incluso algunas excarcelaciones.
El 60% –seis de cada diez votantes– opina que la norma tiene errores y que son estos, y no la interpretación que hacen los jueces, los que están provocando efectos muy indeseables contrarios al objetivo de fortalecer la protección de las mujeres y castigar a sus agresores.
Partiendo de este convencimiento generalizado, los ciudadanos, también en la misma proporción –59%– consideran que la ministra de Igualdad,
Irene Montero, principal impulsora de la ley, debe asumir su responsabilidad política y dimitir.
En ambas apreciaciones –los defectos de la ley y la dimisión de Montero– coinciden la mitad de los votantes del PSOE y un tercio de los electores de UP. Así, un 48,7% de votantes socialistas y un 33,3% de los del partido morado señalan los errores jurídicos de la norma como causantes de la rebaja de penas mientras que un 47,6% y un 27,9%, respectivamente, aboga por la salida de la ministra del Gobierno.
Pese al medio centenar de condenas por agresión sexual que ya se han visto reducidas en aplicación de la ley del sólo sí es sí, el Gobierno sigue resistiéndose a rectificar retirando de la circulación o modificando la norma promovida por Igualdad, aceptada por el Consejo de Ministros y, posteriormente, aprobada por el Congreso con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, independentistas, nacionalistas, abertzales y minorías.
Los ciudadanos, muy mayoritariamente, discrepan de los argumentos que ha enarbolado el Ministerio de Igualdad para justificar la rebaja de condenas y que no son otros que los de culpar a los jueces de interpretar mal la ley, incumplir su espíritu e incluso actuar con prejuicios machistas. En definitiva, un abanico de razones para evitar admitir la propia equivocación.
Estos argumentos no son compartidos por la mayoría de los votantes, independientemente de su adscripción política, su edad o su sexo. Quienes más se apuntan a estas justificaciones son los electores de UP, el partido de Montero. Un 57% de ellos señala a los jueces y un 61% rechaza que la ministra tenga que dimitir.
Entre los votantes de los partidos de la oposición –PP, Vox y Cs– los partidarios de la dimisión de la ministra de Igualdad rondan el 90% y son precisamente los de Ciudadanos, un grupo que dio el visto bueno a la ley en el Congreso, los más exigentes y los que con más claridad señalan los errores jurídicos de la propia norma como causa de las rebajas de condena.