La Constitución que quieren los españoles
LA CONSTITUCIÓN de 1978 sigue siendo el marco de referencia sobre el que la mayoría de los españoles desea que se articule la convivencia democrática del país. El aprecio de los ciudadanos a la Carta Magna es rotundo. Más del 62% de los encuestados apoya su contenido, si bien el 45,3% de los consultados estaría a favor de una revisión para actualizarlo a los cambios experimentados por la sociedad desde su puesta en vigor, hace ahora 44 años. Sin embargo, el actual clima de confrontación política hace primar el criterio de quienes concluyen que en este momento no se dan las condiciones que garanticen el consenso entre partidos que resulta imprescindible para realizar tales actualizaciones.
Estos datos, extraídos de la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO que hoy publicamos, certifican la buena reputación de que goza la Constitución entre los ciudadanos. Únicamente son partidarios de un cambio «profundo» del actual consenso constitucional los votantes de Unidas Podemos y aquellos que engrosan el capítulo de «Otros», en el que se aglutinan principalmente los seguidores de los partidos independentistas, socios del Gobierno.
Un análisis pormenorizado revela que la mayoría de votantes del PSOE se alinea con las opiniones del resto de partidos constitucionalistas y no con el parecer de sus socios de investidura y de gobierno. Sucede así no solo sobre las mencionadas cuestiones de la validez y eventual reforma de la Constitución, sino también sobre el resto de temas planteados. Lo que apunta a una mayor cercanía ideológica de los votantes socialistas a los de PP y Ciudadanos con respecto al actual ordenamiento constitucional que al pensamiento de los partidos que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa.
Otra referencia destacable es que, de afrontarse la solicitada reforma de la Constitución para adecuar algunos artículos a la nueva realidad sociopolítica, la mayoría de encuestados no solo no dotaría de mayor autogobierno a las regiones, sino que aboga por retirar a las autonomías algunas competencias en beneficio de la Administración central. Una reacción que emerge –también entre los votantes socialistas– como una rebelión contra la estrategia de cesiones a sus socios consolidada por el presidente del Gobierno a cambio del apoyo de estos a los Presupuestos o a la aprobación por vía de urgencia, sin consenso y sin debate parlamentario de las más controvertidas normas de su legislatura.
Es positivo constatar que los españoles son conscientes de cómo el Ejecutivo no solo permite sino que favorece la polarización sobre los consensos constitucionales que fundamentan el progreso solidario de todos los pueblos de España. Corresponde al Gobierno tomar nota y corregir una deriva de concesiones que sólo conduce a la fractura social y al debilitamiento del Estado de derecho al modo en que lo perpetran los regímenes iliberales.
Los votantes del PSOE se alejan del pensamiento de los socios del Gobierno