Clamoroso silencio de los aliados revolucionarios
Ninguno de los gobiernos latinoamericanos afines al ya destituido Castillo hizo gestos ni anuncios en su apoyo
Silencio en Ciudad de México. Silencio en Brasilia. Silencio en Santiago de Chile. El autogolpe de Pedro Castillo era una patata demasiado caliente, un asunto nada sencillo de abordar para el progresismo latinoamericano. Hasta que Buenos Aires rompió la baraja con un comunicado de su Cancillería en el que decía poco y mucho a la vez: «Argentina lamenta y expresa su preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional».
Así, Argentina se resistía a hablar de autogolpe y hablaba de una «crisis política» de la que responsabilizaba a «todos», aunque quien anunciara la disolución ilegal del Congreso Nacional peruano fuera nada menos que el presidente.
El curso de los acontecimientos en Lima demostró que Buenos Aires se apresuró. Porque menos de una hora después de que se conociera el ambiguo comunicado del Gobierno de Alberto Fernández, Castillo ya estaba detenido. El autogolpe había fracasado.
Minutos después de que estallara la crisis institucional, dos altos responsables diplomáticos peruanos fueron de los primeros en dar la espalda a Castillo: renunció el embajador ante Estados Unidos, en tanto que el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció ante el organismo la ruptura del orden constitucional por parte del presidente.
Brasil, en plena transición entre el Gobierno de Jair Bolsonaro y el de Luiz Inácio Lula da Silva, se mantuvo en silencio mientras la confusión reinaba en Lima. Bolsonaro está retirado de la escena internacional –no asistió ni a la Cumbre del G-20 ni a la del Mercosur– y Lula, enfrascado en la formación de su gabinete, fue asesorado por su equipo de relaciones exteriores para que mantuviera la prudencia.
En el norte de la región, la única reacción oficial de México fue la del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que anunció que la Cumbre de la Alianza del Pacífico será pospuesta hasta nuevo aviso. Antes de que Castillo fuera detenido sobrevoló la posibilidad de que México le concediera asilo político en su embajada en Lima, una posibilidad sostenida en la afinidad entre ambos presidentes. En diciembre de 2021, Andrés Manuel López Obrador reveló conversaciones que había mantenido con Castillo en las que el presidente peruano le contaba las humillaciones a las que era sometido por sectores del poder peruano.
«Me dice: los pitucos, no sabe lo que me hacen; paso y se tapan la nariz. Y le digo: de eso no se preocupe, tú eres un dirigente surgido del pueblo. El mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez, y las pitucas de su tiempo decían cuando iban al baño: Voy al Juárez. Es algo que sirve para entender el pensamiento conservador, el clasismo, el racismo», narró en aquel entonces el mandatario mexicano.
Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, demoró su reacción. Castillo había estado en visita de Estado en Santiago hacía apenas una semana. Cuando la Cancillería, dirigida por Antonia Urrejola, finalmente hizo un comunicado, se mantuvo en la misma línea de prudente ambigüedad que Buenos Aires una hora antes: el Gobierno de Chile «lamenta profundamente la situación política» y confía en que la crisis se pueda solucionar «a través de mecanismos democráticos y el respeto al estado de derecho». Santiago exigió «respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales» y pidió «diálogo».
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