2017 y la reforma de la Constitución
COMO ocurre con cualquier trauma histórico, la crisis de 2017 dejó varias lecciones. Según Pedro Sánchez, una de ellas es que el Código Penal se debe reformar al gusto de sediciosos y malversadores. Es un razonamiento curioso. Uno pensaría que las condenas dictadas en el Supremo por esos delitos desincentivarían futuros asaltos al orden constitucional como el de Junqueras & Co., del mismo modo que el consejo de guerra del 23-F ayudó a poner fin al famoso
ruido de sables. Pero hace tiempo que nuestro oficialismo se empeña en corroborar la célebre máxima de Upton Sinclair: es difícil hacer que un hombre entienda algo si su salario depende de no entenderlo.
El caso es que no todos podemos convertirnos en presidente del Gobierno con el apoyo de sediciosos y malversadores. Y, a falta de esa oportunidad para que el ser social determine la conciencia, muchos españoles han extraído lecciones distintas de la crisis de 2017. La encuesta de Sigma Dos publicada el martes en este periódico mostraba que el 49,7% de los encuestados está a favor de una reforma constitucional que recentralice competencias cedidas a las autonomías –frente a un 31,4% que está en contra–. El resultado es parecido si la pregunta se formula al revés: un 47,5% estaría en contra de una reforma que otorgase más autogobierno a las regiones, frente a un 36,7% que estaría a favor. La conclusión mayoritaria de los últimos años es, por tanto, que algo ha ido mal en el desarrollo del Estado autonómico. Y no por los motivos que indican el PSOE y sus socios.
Al final volvemos sobre el mismo problema cada 6 de diciembre, es decir, cada vez que celebramos el Día del Debate Sobre La Necesidad De Reformar La Constitución. Quienes más insisten en esa necesidad no entienden que una reforma –al menos, una que la mayoría de ciudadanos pudiera apoyar en un referéndum– probablemente no iría en la dirección que ellos quieren. Y no sería «por culpa del PP» o «por culpa de Vox». Conviene alejarse de la idea –netamente franquista, por cierto– de que los partidos políticos crean divisiones en la ciudadanía, en vez de reflejar las que ya existen. No hay consenso entre los partidos sobre una reforma de la Constitución porque dicho consenso tampoco ha existido en la sociedad. Por lo menos hasta ahora. O, quizá, hasta 2017.