Perú y el Estado de derecho
LA INESTABILIDAD y la corrupción políticas son endogámicas en Perú. Y si el país todavía no ha caído en el abismo de la anarquía absoluta es por el funcionamiento del Estado de derecho, clave para la supervivencia de cualquier democracia por muy deteriorados que estén sus resortes y pese al empeño que mantengan ciertos dirigentes en socavarlo.
El presidente Pedro Castillo ha intentado perpetrar un golpe de Estado. Cuando el Parlamento iba a debatir una moción contra su figura –la tercera en año y medio–, intentó disolver el Congreso para gobernar por decreto, instaurar el estado de emergencia e imponer el toque de queda a la ciudadanía. Se trata de una subversión extrema del orden constitucional que se pudo frenar porque los diferentes poderes del Estado lo impidieron. La justicia no tuvo reparos en llamar a lo que estaba ocurriendo por su nombre: un golpe de Estado; el ejército dio la espalda al mandatario a través de un contundente comunicado y los partidos políticos –entre los que hay radicales como Castillo– se negaron a acatar sus órdenes. El presidente fue detenido mientras intentaba huir. No se trata de elogiar el sistema de un país cuya calidad democrática tiene lagunas –hace solo un año, la organización Freedom House lo consideraba un Estado parcialmente libre–. Pero sí hay que destacar la importancia de que existan y funcionen los controles y equilibrios del sistema. Aunque no lo hagan a pleno rendimiento, son la barrera que impiden que ningún poder pase por encima de otro.
Lo que ocurre en Perú es un mal extendido por América Latina. Territorios de enorme riqueza son destrozados por los populismos, que convierten a sus ciudadanos en los más pobres del mundo. Por qué continúan arrastrando a mayorías si cuando se adueñan del poder demuestran su inoperancia corrupta es una cuestión casi sin respuesta. Desde la llegada de la democracia, los diferentes presidentes peruanos han sido investigados por corrupción. La Fiscalía ha situado a Castillo en la cúspide de una organización criminal destinada a amañar contratos. Y si su autogolpe no ha funcionado ha sido también porque, al contrario que Alberto Fujimori en los años 90, este no contaba con popularidad entre sus filas: ha nombrado cinco gabinetes distintos en una legislatura marcada por las guerras de poder internas. Ahora el país queda en manos de su vicepresidenta, que se ha postulado para liderar un
Gobierno de unidad nacional. Sería deseable no esperar hasta
2026 para celebrar elecciones.
Es irremediable hacer una llamada a España. Pedro Castillo fue alabado en su día por líderes de Unidas Podemos, cuando desde su misma elección estuvo envuelto en sombras. Sin embargo, lo más relevante no son los vínculos del partido morado con el bolivarianismo, sino señalar que con la derogación del delito de sedición, los delitos de Castillo quedarían en España reducidos a meros desórdenes públicos.
El Ministerio de Exteriores ha condenado firmemente la ruptura del orden constitucional en Perú. Desde fuera siempre se ve más claro.
Incluso un sistema deteriorado puede frenar un intento de golpe de Estado