Feijóo: «Sánchez vino para asaltar las instituciones»
El PP y Vox denunciarán ante el TC y Bruselas el «mercadeo», mientras Abascal y Arrimadas reclaman una moción de censura
ese requisito a una mayoría simple con un sistema de votación que propiciará un reparto por cuotas. Además, se fijan unos plazos obligatorios que dan máxima celeridad y se amenaza a los vocales que bloqueen con que incurrirán en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal».
La segunda enmienda cambia a su vez la Ley Orgánica 2/1979 del Constitucional con dos modificaciones cruciales. Una es para sortear la exigencia de que el tribunal de garantías se renueve por tercios. Uno de estos, el ahora en el foco público, es mediante el cual el Gobierno nombra dos miembros y el CGPJ, otros dos. Si una parte se retrasa, dice la enmienda, se procederá a renovar el TC con la parte que sí ha cumplido con los plazos.
El otro gran cambio dinamita el control que el TC somete a los magistrados aspirantes. La enmienda elimina ese plácet y deja exclusivamente a criterio del órgano proponente evaluar su idoneidad. Es decir, fulmina cualquier auditoría externa. Gracias a esto, el Gobierno tendrá alfombra roja para colocar a dos ex miembros del Ejecutivo de Sánchez. Pues su propuesta es el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, ex alto cargo de La Moncloa.
En cuanto al delito de malversación, la enmienda la presenta ERC pero está más que hablada con el PSOE, que presentó un lavado de cara ayer promoviendo un delito de enriquecimiento ilícito para esquivar el desgaste de abaratar el corrupción.
ERC propone reducir los años de cárcel cuando no haya «ánimo de lucro» personal. Es decir, diferenciar cuando un cargo público se lleva dinero para su propio beneficio que cuando lo hace, como Junqueras, para un fin distinto ilegal o partidista.
Esta modificación castiga la malversación con entre 6 meses y 3 años de prisión y con la suspensión para cargo público de 1 a 4 años. La pena vigente es de entre 2 y 6 años de cárcel y una inhabilitación para cargo público y para presentarse a las elecciones por un tiempo de entre 6 y 10 años. A los líderes del procés se les condenó con el tipo de malversación agravada (más de 250.000 euros) cuyas penas son entre 8 y 12 de cárcel y entre 15 y 30 años de inhabilitación.
Rebaja la mayoría en el CGPJ para elegir jueces y amenaza con cárcel a los vocales
La oposición salió en tromba ayer para responder a los movimientos ejecutados por el Gobierno de manera silente, «entre polvorones y villancicos». Tanto el Partido Popular como Vox llevarán al Tribunal Constitucional (TC) las controvertidas reformas legales que permiten a Pedro Sánchez, por un lado, acelerar los nombramientos precisamente en este órgano y, por otro, contentar a sus socios independentistas con la remodelación del delito de malversación.
«Sánchez nunca vino para fortalecer las instituciones, sino para asaltarlas y ponerlas a su servicio. Ni España es rehén de los que intentaron romperla, ni las instituciones son el cortijo del sanchismo», expresó Alberto Núñez Feijóo, que se mostró visiblemente preocupado por la deriva del Ejecutivo: «Llegó a La Moncloa agitando
en Moncloa. El indulto a sus socios golpistas, la despenalización de la sedición, ¿recuerdan cuando el propio Sánchez decía que era un delito de rebelión lo que ahora se han quedado en desórdenes públicos agravados? Ha mentido en las penas comparadas con los países de nuestro entorno, Felipe le recordó que allí se llama alta traición y llegan hasta la perpetua.
Y luego, la extraordinaria falacia de la malversación, que no es tal si la mano que entra en la caja no lo saca para sí, sino para la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad. Hoy pone la alfombra roja a los condenados corruptos del procés, rebajando la malversación, y cambia las reglas del juego para asaltar el TC».
Además, la presión para convocar una moción de censura contra Sánchez volvió a acechar al líder del PP: Vox ha iniciado los contactos con otras formaciones políticas para designar un candidato «neutral», según anunció Santiago Abascal. Una propuesta que agrada a Ciudadanos, que también exigió ayer a Feijóo que diera el paso. Días atrás, Abascal ya conversó con Arrimadas y, según ha sabido este diario, encima de la mesa estuvo el nombre de Carlos García Adanero, diputado en el Congreso expulsado de UPN. La opción agrada notablemente en la derecha, pero la moción, tal y como aclaran desde el PP, está en punto muerto.
una causa más noble: el partido, los trabajadores sin empleo o las putas de Sevilla, que son un sector en crisis si bien se mira.
Ya puestos, también se ha empeñado en cambiar forma de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial: los cuatro del Congreso ya no serán elegidos por mayoría de 3/5 de la Cámara Baja y los cuatro del Senado, tampoco por la misma proporción de la Cámara Alta. Serán por mayoría simple, que es lo que le conviene a él y Patxi López, ese cerebro alternativo, ha dicho que
Así, Feijóo no cede ante los empujes del resto de la oposición y los populares no presentarán por el ahora una moción. Pero la preocupación por la hoja de ruta del Ejecutivo es enorme. La sensación que cunde en los tres partidos es que estos anuncios «en mitad de un puente» y a través de «reformas exprés» no responden al beneficio del interés público, que es lo que debería motivar a todo gobierno, sino únicamente al deseo de contentar a sus aliados fundamentales para seguir manteniendo su apoyo en lo que resta de legislatura, aunque para ello sea necesario «colonizar» o «entregar» las instituciones públicas.
«El Gobierno recrudece contrarreloj sus ataques a las instituciones y a nuestro Estado de derecho. Asusta pensar hasta dónde puede llegar Sánchez en un final de año en el que todo vale», reaccionó el presidente del PP, Alberto Núñez
los miembros del CGPJ que se nieguen a cumplir con sus obligaciones (las que Sánchez les imponga) tendrán que asumir sus responsabilidades, incluso de carácter penal. Es un bonito juego de inversión: se trata de hacer un Código Penal a la medida de los delincuentes para excarcelar a los golpistas y a los violadores y a cambio meter a los jueces en la cárcel.
Feijóo, que anunció que su formación, además de acudir al TC, llevará ante Bruselas la «toma de instituciones» por parte de Sánchez.
«Es un mercadeo», definió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien considera que, tras «entregar el Código Penal a aquellos de quien depende y copar el Constitucional de ex ministros y altos cargos», Sánchez es «capaz de absolutamente cualquier cosa» por seguir en La Moncloa. «Se está entregando la igualdad de los españoles ante la ley y el sometimiento de los poderes públicos».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló, por su parte, que «con el asalto al Tribunal Constitucional lo que está haciendo el Gobierno es dar un paso más para la demolición del Estado de Derecho en España y con el fin de perseguir a todo aquel que se oponga a ello y acallar a quienes se atrevan a denunciarlo». «Lo están haciendo», añadió, «siempre con descaro, por la vía rápida, mintiendo y volviendo siempre al espantajo del guerracivilismo».
En la misma línea se pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, que indicó que «sí o sí» también denunciará su inconstitucionalidad: «El asalto a las instituciones del autócrata Sánchez se acelera, con el apoyo de sus socios separatistas».
Por otro lado, Arrimadas acusó a Sánchez de estar «dando un autogolpe a la democracia española desde el poder» por sus «ansias de poder» y su «falta de escrúpulos». «No es un presidente del Gobierno, es un aprendiz de dictador», advirtió. A su juicio, «ésta es la primera vez que se destruyen los pilares del Estado desde el propio Gobierno»: «Va a eliminar el delito de sedición por la puerta de atrás, en medio de las fiestas, con nocturnidad y alevosía, va a rebajar el delito de malversación para que sus amigos corruptos puedan salir de las cárceles y además está asaltando hoy el TC sin ningún tipo de pudor y está amenazando con responsabilidad penal a los vocales del CGPJ que no quieren plegarse».
La oposición no sólo lamenta los tiempos, sino también las formas de estas reformas: a través del procedimiento de la iniciativa parlamentaria mediante los grupos socialista y de Unidas Podemos, el Gobierno se evita que determinados órganos, como el CGPJ o el Consejo de Estado, evalúen la propuesta. «Es la materialización del asalto al Estado de derecho», denunció Gamarra.
«Pablo Iglesias se ha convertido en el motor del Ejecutivo»
Esta semana ha sido clave para definir en España un golpe de Estado cuyo líder natural es Pedro Sánchez. El proceso constituyente, decía el candidato sanchista al TC. Y el principio de renovación sobre la propaganda. Este lo acuñó Goebbels. Y ahora, a ver quién para a este psicópata. Él por sí mismo no lo va a hacer; urge una moción de censura.