«El fin de la separación de poderes»
Vocales del CGPJ y magistrados del TC critican las últimas reformas legales del Gobierno
«La sensación de manoseo del Poder Judicial es espectacular», asegura un vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial en conversación con EL MUNDO. «El Gobierno quiere nombrar a tres magistrados del Tribunal Constitucional y no a dos como le corresponde y lo hace violando la Constitución», «es un golpe de Estado», «es el fin de la separación de poderes» o «es el momento más delicado de la democracia española desde el 23-F», afirman desde el sector conservador del Consejo. «El Gobierno quiere un Constitucional apesebrado que bendiga todo lo que yo Pedro Sánchez hago» o «el Ejecutivo lo controla todo y subordina y deslegitima al Poder Judicial», denuncian fuentes consultadas del Tribunal Constitucional.
La última reforma legal planteada por los miembros del Gobierno de coalición –PSOE y Unidas Podemos– en el Congreso de los Diputados para forzar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional
ha generado un profundo malestar en el órgano de gobierno de los jueces. Tampoco ha sentado bien en el sector mayoritario del tribunal de garantías al que se le ha privado de su capacidad de certificar que sus nuevos miembros cumplen los requisitos legales para integrar el tribunal de garantías.
Vocales y magistrados consideran que el Gobierno «no tiene límite ninguno» y es capaz de «tensionar» a las instituciones del Estado «hasta el extremo» con tal de dar ya el vuelco ideológico en el Constitucional y lograr imponer a «su candidato» para la corte de garantías, al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, «dando así la presidencia ya a Conde-Pumpido».
La enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos ayer en el Cámara Baja detalla el mecanismo mediante el cual los vocales deben elegir a sus dos magistrados del TC. Se da la circunstancia de que esta modificación legal se ha planteado cuando el CGPJ tenía convocado un
Pleno el día 22 para abordar los nombramientos del intérprete supremo de la Carta Magna. El Gobierno, en cambio, se aferra a que un tercio del Constitucional lleva seis meses con el mandato caducado y que los vocales han bloqueado a propósito esa renovación.
Con la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (es la tercera vez que Moncloa modifica esta Ley en el último año y medio) cambia el requisito de la mayoría cualificada –tres quintos de los vocales, es decir, en la actualidad 11 votos– por la mayoría simple y establece que cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata al tribunal de garantías. Además, se limita a cada vocal a votar a un solo magistrado. «Nos abocan al sistema de cuotas en vez de a un sistema de consensos en los nombramientos», denuncia un miembro del CGPJ. «Nos obligan a votar a un solo magistrado y eso viola el artículo 23.2 de la Constitución que sostiene que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes», agrega otro consejero.
Además, la enmienda advierte a los consejeros de que pueden incurrir en responsabilidad penal si no acatan lo establecido en la reforma de la citada Ley orgánica. «Si por la acción u omisión de quien ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, o de cualquiera de los vocales, se incumpliera, culposa o dolosamente, lo previsto en los apartados anteriores, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales», reza el texto legal. Moncloa trata así de evitar que le suceda lo mismo que cuando impuso a los vocales del CGPJ de plazo hasta el 13 de septiembre para nombrar a los magistrados del TC sin éxito.
Con este escenario, calificado de «absoluto escándalo» por los vocales consultados, los consejeros del sector conservador del CGPJ se movilizaron ayer y registraron la petición de un Pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del TC antes de que entre en vigor la nueva reforma legal impulsada por los partidos del Gobierno. Un total de nueve consejeros –Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez-Tristán, José María Macías, María Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Wenceslao Olea– registraron la petición con un único punto del orden del día solicitado: «Nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional». Las fuentes jurídicas consultadas explican que el reglamento interno del CGPJ establece que cinco vocales pueden pedir al presidente la celebración de la citada reunión y en este caso Rafael Mozo debe convocar el Pleno en los tres días siguientes al envío de la solicitud –artículo 35 del Reglamento del Consejo–.
Esta modificación legal ha sido ferozmente criticada tanto por vocales del sector conservador como progresista, si bien hay miembros de este último grupo que han visto con buenos ojos que se fuerce al Consejo a efectuar los nombramientos. Entre quienes dan su aprobación a este movimiento del Gobierno se encuentra el presidente Mozo, sobre quien se fijan ahora todas las miradas del grupo mayoritario ya que tiene que poner fecha al Pleno sobre el TC.