ERC pide abaratar la malversación para proteger al independentismo
La enmienda plantea que en los casos sin ánimo de lucro la pena máxima sea de tres años
Era el texto más esperado y su registro a las 8.45 de la mañana desató un tsunami político. ERC presentó ayer sus enmiendas a la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para eliminar la sedición con las que «redefinir, esclarecer y evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal» sobre el delito de malversación. Unas medidas que, pese a venderse como «quirúrgicas», transforman profundamente el marco legal hasta «avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista».
Los republicanos, para ello, plantean supeditar el delito de malversación a «las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares». Es decir, que aquellos que no se beneficien personalmente del delito cometido tendrán una pena menor a la actual. Si hoy el Código Penal en su artículo 432.1 impone de dos a seis años de prisión, la creación de un nuevo punto lanzada por ERC suavizaría esta horquilla a entre seis meses y tres años de cárcel.
Además, el grupo comandado por Gabriel Rufián en el Congreso reclamó, en la misma línea, suprimir que las ocupaciones pacíficas de inmuebles sean delito, lo cual despenalizaría un nuevo 1-O, cuando se produjeron sentadas y ocupaciones en colegios y otros centros. El objetivo, justifican los republicanos, es acabar con la «criminalización de los derechos de reunión y manifestación», especialmente en el caso secesionista.
En el PSOE, por su parte, se condiciona la reforma de la malversación a la introducción por primera vez dentro del Código Penal del delito de enriquecimiento ilícito. El objetivo es que los cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio –o cancelación de sus deudas– por encima de 250.000 euros de sus ingresos durante el ejercicio del cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tendrán la obligación de justificar ese aumento, según se desprende de la enmienda presentada conjuntamente con su socio de coalición, Unidas Podemos.
En el caso de no hacerlo, podrán aplicárseles penas de prisión de entre seis meses y tres años, así como inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años. También multas económicas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.
«De esta manera España se situará entre los países más avanzados en esta materia como es Francia, Portugal y Luxemburgo», argumentó ayer el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. «No queremos ver nunca más a un responsable público que se beneficia de un enriquecimiento ilícito e injustificable sin que esto tenga ninguna explicación ni ninguna consecuencia. Se trata, por tanto, de un paso lógico en el camino de la transparencia y la rendición de cuentas», subrayó.
En el PSOE, por ahora, no han desvelado si apoyarán la enmienda de ERC para modificar la malversación y se limitan a apuntar que la analizarán «con detenimiento». Eso sí, trazan dos líneas rojas: «No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal».
Según López, la propuesta de su partido no supone «ningún retroceso en la lucha contra la corrupción», sino «lo contrario» al introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Además, niega que la reforma que plantean pueda beneficiar a los ex altos cargos socialistas condenados en el caso de los ERE.
En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que «cualquier enmienda que se presente a la reforma de la malversación tiene que tener un límite y una línea roja clarísima: en ningún caso puede aceptar a personas que ya están condenadas por corrupción o a personas que han cometido hechos relativos a la corrupción». «Se va a ser muy estricto en que quien desarrolla un cargo público no tenga ningún tipo de enriquecimiento ilícito», agregó, informa Marina Pina.
El PDeCAT, por su parte, presentó una enmienda para rebajar las penas por el delito de perjuicio patrimonial a través de la mala administración de un patrimonio ajeno reduciendo la horquilla de dos a seis años de cárcel por entre uno y tres años, de prisión, mientras que la de inhabilitación para ejercicio de cargo público pasaría de entre seis y 10 años a un intervalo de entre tres y seis años.
«Después de la reforma de 2015, se ha producido una asimilación entre malversación y administración desleal que no diferencia en ningún momento si la administración desleal se ha realizado con o sin ánimo de lucro para la autoridad o funcionario público o para un tercero», justifican en el PDeCAT en su propuesta.
Sin ánimo de lucro
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