Autoritarismo y ostentación

ESPAÑA entra de forma acelerada en un deslizamiento autoritario sin precedentes en su reciente historia constitucional. Si la proposición de ley y las enmiendas pactadas por el Gobierno sobre la sedición, la malversación y el poder judicial se aprueban como se espera, el país se asoma a un escenario tenebroso. Ningún argumentario oficialista es capaz ya de soportar este deterioro institucional. El nuestro se configura como un país en el que la perpetuación del presidente en el poder legitima casi cualquier destrozo. Y algo más peligroso: en un país en el que el Gobierno ejerce esa política arrasadora con ostentación, cambiando normas y desactivando controles básicos de la democracia con urgencia, sin contar con los informes de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado.

El ataque constitucional es triple. En primer lugar está la supresión del delito de sedición, que rebajará el golpe cometido en Cataluña a un mero delito de desórdenes públicos. Lo más grave de esta modificación legal no es sólo su contenido, sino el hecho de que el Gobierno la pacte con Oriol Junqueras. Tras indultarlos, el PSOE y Podemos acuerdan rebajar su delito.

Si este uso arbitrario del poder para favorecer a sus socios no era suficiente, ayer ERC presentó una enmienda para reducir las penas por malversación. El objetivo es abaratar la condena a quienes utilizan indebidamente dinero público si este no va a parar a su bolsillo. De nuevo, los máximos beneficiados serán Junqueras, que podrá presentarse a las próximas elecciones catalanas, y Sánchez, que afianza así el bloque que lo apoya. El perdedor es el interés general. El dirigente que se envolvió en la bandera contra la corrupción para justificar la moción de censura con la que llegó a Moncloa pone ahora la ley al servicio de los corruptos. Corruptos con nombres y apellidos, con y para los que legisla con el fin de mantenerse en el poder.

En tercer lugar, el nuevo asalto al poder judicial para asegurarse ya un Tribunal Constitucional obediente supone una intromisión indefendible en el organismo llamado a controlar a los poderes del Estado. El Ejecutivo ha decidido reducir la mayoría de tres quintos necesaria para que el CGPJ designe a sus dos candidatos. Ahora bastará una mayoría simple bajo una fórmula retorcida que impone que el Gobierno se asegure otro magistrado afín. Se fijan además posibles responsabilidades penales para los vocales. Y no es menos grave que se elimine el plácet para que el Constitucional pueda comprobar la idoneidad de los nuevos magistrados: se pretende que el poder político los designe sin someterse a ningún control.

La fórmula absolutamente excepcional de legislar sobre cuestiones tan sensibles mediante proposiciones de ley y enmiendas da la medida de un Gobierno con tintes cada vez más autoritarios dispuesto a saltarse todos los consensos básicos y a entregar nuestro Estado de derecho a quienes quieren desmontarlo. Hoy es más necesaria que nunca una mayoría alternativa que corrija esta deriva iliberal y reconduzca al país por la senda de las democracias consolidadas.

Sánchez legisla con y para corruptos con el fin de seguir en el poder