Revolcón de los jueces al fiscal general por intentar liberar a Forn
La Sala de Apelación del Supremo mantiene en prisión al ex consejero y afea a Melgar que pida excarcelarlo alegando «una enfermedad que no consta»
Rapapolvo del Tribunal Supremo al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por no argumentar, ni documentar, las razones esgrimidas para pedir la libertad bajo fianza de 100.000 euros del ex consejero de Interior catalán Joaquim Forn, preso en la cárcel de Estremera (Madrid) por su implicación en el proceso independentista de Cataluña. En contra de la petición hecha hace apenas tres días por el fiscal Fidel Cadena, por orden expresa de Julián Sánchez Melgar, los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que resolvieron el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Forn, pidiendo la excarcelación del ex consejero, tumbaron ayer la solicitud del Ministerio Público, recriminando a la Fiscalía que «se limitó a señalar» que no existía riesgo de reiteración delictiva y que pasó por alto dar argumentos, mencionando que Forn tiene una enfermedad – tuberculina– «cuya existencia no consta a esta Sala», además de no ser «alegada ni documentada».
El fiscal Cadena, que fue la persona que representó al Ministerio Público en la vista celebrada el pasado martes, no aportó argumentos diferentes a los desarrollados por la propia Fiscalía en el último informe de alegaciones que presentó el 19 de febrero, en el que asumió el criterio del juez instructor de esta causa y solicitó la confirmación del auto de prisión y, por ende, la no excarcelación de Forn. Conviene recordar que los cuatro fiscales del Supremo encargados del caso del procés –instruido por el magistrado Pablo Llarena– no estaban de acuerdo con Sánchez Melgar en la petición de libertad del ex consejero. Se trata de Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Pese a ello, acataron la orden de su superior. En el auto dictado ayer por la Sala de lo Penal, los magistrados dejan claro que «no se aprecian razones que puedan ser consideradas suficientes para rectificar el criterio del intructor», en relación a la situación de prisión provisional incondicional.
Dicho esto, los tres jueces que conformaron esta Sala –Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro– tienen claro que «no existen indicios de que [Forn] haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de enfrentamiento con el Estado». El que fuera consejero de Interior de la Generalitat catalana está siendo investigado por delitos de rebelión, sedición y malversación de dinero público.
El Supremo no pasa por alto que «el contexto político es más propicio a la reiteración de los hechos delictivos por parte de quienes ya han realizado hechos similares», en referencia a Forn. Es más, no duda que «intervino» en el procés, «aunque no adoptara decisiones directamente». «Actuaciones que incitaban a la ciudadanía a la independencia», advierten los tres magistrados, que aprovechan para dejar claro al investigado y a su abogado, Cristóbal Martell, que al seguir la prisión provisional «no se impone, un castigo por mantener un determinado pensamiento político». De hecho, la Sala señala que «no se pide a nadie» que abandone su ideología, pero resalta que hay que «asegurar que no utilizará nuevamente cauces delectivos que ya utilizó cuando intentó, sin éxito, imponer su ideología». Dicen que si quedara en libertad, «previsiblemente recuperaría» una situación de «referente» dentro del procés.
Esta misma línea argumental usó la Sala para mantener también en prisión a Jordi Sànchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los candidatos de JxCat a presidir Cataluña. Su abogado, Jordi Pina, defendió su libertad alegando que su cliente estaba dispuesto a dejar el escaño y abandonar la política con tal de salir de prisión. En este sentido, en otro auto dictado ayer, el Alto Tribunal denegó a Sànchez la libertad provisional, dando la razón al juez Llarena y advirtiendo de que su situación de prisión no vulnera los derechos de libertad ideológica, ni el de participación en asuntos públicos, en referencia a su petición para salir de la cárcel y acudir a actos electorales de JxCat.
«No existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición», recuerda la Sala, que considera «evidente» que Sànchez tuvo una «posición de influencia en las movilizaciones multitudinarias». La Sala no pasó por alto «la personalidad del acusado como icono» y su «experiencia y el grado de capacidad para facilitar la repetición de los actos delictivos». Precisamente, ayer, el Tribunal Constitucional desestimó también el recurso de súplica de Sànchez contra la decisión de Llarena de mantenerle en prisión, evitando así su asistencia a su investidura como presidente de Cataluña.
Hoy, el juez Llarena notificará un auto de procesamiento a la mayor parte de los 28 imputados por el procés y decidirá si envía a prisión a Jordi Turull, candidato a la Presidencia, y a otros cinco investigados. Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa no llegarán como diputadas, pues nada más concluir el Pleno de ayer renunciaron a su escaño «para no interferir en la actividad democrática del Parlament y que ningún juez le pueda hacer chantaje a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña», explicaron. Turull, Josep Rull y Raül Romeva sí conservan su acta. Y también los huidos Puigdemont y Comin, que se niegan a dar un paso que podría permitir incluso la elección de Turull en segunda votación.
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