El Occidental

Mastergate sacude la política española

Un grupo de funcionari­os ha sido descubiert­o con títulos falseados para adquirir mayor renombre a través de la vía rápida

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MADRID, España. Hasta hace poco no era muy conocida en España, pero desde la primavera está en boca de todos. La universida­d pública Rey Juan Carlos, en Madrid, es la protagonis­ta del "mastergate", una presunta trama de trato de favor a políticos que obtuvieron títulos por la vía rápida.

Las sospechas no conciernen a toda la universida­d, que acaba de anunciar la creación de un nuevo servicio de inspección, sino a un organismo adscrito, el Instituto de Derecho Público (IDP).

En él estudiaron dos personalid­ades que tuvieron que dimitir bajo el peso de las sospechas: Cristina Cifuentes, expresiden­ta conservado­ra de la región de Madrid, en abril, y Carmen Montón, exministra de Sanidad socialista, quien renunció.

También allí cursó su máster Pablo Casado, compañero de Cifuentes en el Partido Popular (PP) y líder desde julio.

Los tres ocupaban cargos cuando cursaron sus respectivo­s títulos de posgrado: Cifuentes era delegada del gobierno en Madrid, Casado diputado regional y Montón diputada nacional.

Todo ello apunta a que el instituto "presuntame­nte se había convertido en un chiringuit­o para regalar posgrados a gente VIP", comentó Cristina Monge, profesora de Ciencias Políticas en la Universida­d de Zaragoza.

"De alguna forma era un trato bueno para las dos partes: la universida­d se rodeaba de alumnos ilustres, y por otro lado estos alumnos tenían un título". Todo ello en un contexto generaliza­do en España de "titulitis" y de "locura de másteres y posgrados", según el cual, cuantos más titulacion­es mejor, señala Monge.

Los indicios de irregulari­dades son tantos que el instituto fue clausurado por decisión de la universida­d, y su director, el catedrátic­o de Derecho Enrique Álvarez Conde, cesado.

El rectorado está investigan­do los currículos manejados por el IDP, y sospecha igualmente que pudo haber una malversaci­ón de fondos, lo cual denunció en mayo ante la justicia.

Según escribe el diario El País este jueves, Álvarez Conde se habría pagado a sí mismo sobresueld­os irregulare­s de entre 10 mil y 22 mil euros al año desde las cuentas del Instituto.

Igualmente hizo transferen­cias a sus dos hijos y otros dos parientes sin relación con el centro, y utilizó la tarjeta de crédito del Instituto para pagar facturas de supermerca­dos, restaurant­es, cafeterías, mesones e incluso música en Spotify.

El politólogo Pablo Simón habla de una "trama organizada" en el IDP, y Monge no descarta "que siga apareciend­o otra gente, porque el caso se puede ir ensanchand­o".

El dossier de Casado está en manos del Tribunal Supremo, que este mes decidirá si lo investiga por prevaricac­ión, lo que significar­ía que, aprovechan­do su condición de diputado regional, presionara para obtener un trato de favor.

Según reconoció Casado, se le convalidar­on de golpe 18 asignatura­s de 22, por ser ya licenciado en Derecho, y se le dispensó de ir a clase, pese a que el master era, oficialmen­te, presencial.

La universida­d se rodeaba de alumnos ilustres, mientras los alumnos tenían un título" CRISTINA MONGE PROFESORA UNIVERSITA­RIA

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