El atropello a la ley y los "otros datos"

Ha costado mucho tiempo, recursos y esfuerzo, avanzar hacia la construcción de instituciones sólidas e independientes que visibles, prevengan y sancionen los excesos y posibles desvíos de las instancias públicas.

En México

En teoría, el Poder Legislativo y los órganos que de él dependen o que a él informan, deberían fungir como principal contrapeso; es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuyo mandato es revisar la forma en que se ejerce el dinero público y que, al encontrar posibles irregularidades, tiene la obligación de investigarlas e incluso informarlo a la Fiscalía de ser el caso.

La autonomía técnica de la ASF debería ser garantía suficiente de que sus observaciones están bien calculadas y que no lanzaría cuantas al vapor, por ello resulta escandaloso que después de presentar la revisión a la cuenta pública correspondiente al 2019 y señalar posibles irregularidades en la cuantificación del monto total de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la respuesta del Ejecutivo federal fuera contradecirla y recurrir a los "otros datos".

Todavía más escandaloso aún resulta que la propia Auditoria tuviera que publicar una carta donde reconoce inconsistencias metodológicas en dicho cálculo, ya que sería la primera vez en 22 años que tiene que salir a echarse para atrás y admitir que no hizo su trabajo bien. Si eso no es un golpe a la credibilidad de toda la institución y no solo de su titular, entonces no sé qué sea.

Posteriormente, tuvo que salir a desmentirse de nuevo, al asegurar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no obstaculizó la labor de los auditores, contradiciendo el informe previo donde sostuvo que la SFP se había negado a entregar documentación e información.

Sobra mencionar lo irregular que resulta que la Secretaría encargada de las labores de contraloría, tenga este tipo de acusaciones. Definitivamente, habría que iniciar un procedimiento contra el titular de la ASF, David Colmenares, pero también contra la propia Eréndira Sandoval.

Al parecer, el mensaje desde Palacio Nacional es que nadie se mete con las decisiones del Presidente y de su círculo

reconocer que en nuestro país típicamente ha costado mucho trabajo lograr separar a la figura del Presidente de los Legisladores porque hay una lógica partidista que atraviesa dicha relación y que, al parecer, suele imponerse al interés público. Al parecer, el mensaje desde Palacio Nacional es que nadie se mete con las decisiones del Presidente y de su círculo cercano.

cercano, nadie puede auditar ni revisar los recursos que la 4T destine a sus proyectos estrella. Es decir, volvimos a los tiempos de las cajas negras y los dineros irregulares que se destinan a quién sabe qué, lo cual atenta contra la democracia en México y contra la libertad ciudadana más elemental, la de cuestionar al poder y exigirle cuentas.

Como si se tratara de romper un récord, en estos días también hemos atestiguado las inconstitucionalidades que el Poder Ejecutivo ha cometido con tal de beneficiar indebidamente a la CFE, mediante la iniciativa preferente para reformar la Ley de Industria Eléctrica, donde básicamente busca echar abajo la reforma energética, generando con ello un daño patrimonial incalculable en términos de pago de indemnizaciones por contratos incumplidos, así como perdida de inversión; además de violar tratados internacionales y contravenir principios legales básicos como la no retroactividad de la ley, la progresividad de los derechos fundamentales, la libre competencia, al confianza legítima, la supremacía constitucional, entre otros. Debe escandalizarnos y movilizarnos tal atropello jurídico disfrazado de lucha contra la corrupción, porque no olvidemos que atestiguar el caos y no hacer nada, nos hace cómplices.

Hay que