Cuba regula censura en las redes sociales
Acusan "ley mordaza" tras protestas; castiga las fake news y el ciberterrorismo
LA HABANA. La nueva normativa de ciberseguridad cubana ha generado una ola de protestas de quienes la consideran una “ley mordaza” para silenciar las voces críticas. El Decreto-Ley 35 publicado la semana pasada establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba, mientras que la Resolución 105 recoge una serie de “incidentes de ciberseguridad” a los que atribuye cuatro niveles de peligrosidad: bajo, medio, alto y muy alto.
Se atribuye peligrosidad muy alta a “pretender alterar el orden público” o “promover la indisciplina social” en internet, así como cualquier acción “contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique a personas e instituciones del Estado” o busque desestabilizar las instituciones.
Entre los comportamientos de “alta” peligrosidad destaca la difusión de “contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, así como la divulgación de noticias falsas, el ciberterrorismo y la ciberguerra.
El anuncio de la nueva normativa cayó como una bomba en las redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones acusan al gobierno de tratar de acallar y procesar a las voces críticas.
Los detractores de las medidas crearon el hashtag #NoAlDecretoLey35, mientras las autoridades cubanas han emprendido una campaña para legitimar el nuevo marco regulatorio de internet.
Según el jurista cubano Eloy Viera, la normativa “se usará para justificar lo que han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos de servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet”.
Viera aludió así a las recientes protestas del 11 de julio, donde las redes sociales jugaron un papel clave a la hora de movilizar a miles de ciudadanos que salieron a las calles del país para pedir libertad y mejores condiciones de vida en medio de una fuerte crisis económica y sanitaria.
El canciller Bruno Rodríguez alegó que el Estado tiene derecho a ejercer la “soberanía sobre el ciberespacio con el propósito de salvaguardar la paz y el bienestar”, así como a combatir “la utilización ilegal y subversiva” de las tecnologías de la información y la comunicación.
Para justificar el nuevo marco legal, las autoridades aludieron al ejemplo de Alemania, que regula estrictamente y persigue los contenidos que incitan a la violencia y el odio en las redes.