El Occidental

¿Persecució­n política o administra­ción de justicia?

El domingo pasado, la presentaci­ón de un video en el que Ricardo Anaya denunció una persecució­n política en su contra, abrió una gran polémica sobre la forma en que se procura justicia en el actual gobierno.

- Armando Ríos Piter

El excandidat­o presidenci­al por el Partido Acción Nacional (PAN), quien por cierto disputó el poder contra el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018, informó que recibió un citatorio para acudir al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la capital mexicana. Anaya sostuvo que no acudiría a dicho llamado, que es inocente y que dejará el país para evitar 30 años de cárcel.

Sin duda alguna, este caso pondrá a discusión como pocos, las distorsion­es que desde hace décadas prevalecen en nuestro país, en torno a la forma en que se administra justicia. Sirva para hacer esta reflexión lo que Ana Laura Magaloni señala en uno de sus textos más recientes. "Los tribunales y las fiscalías históricam­ente han custodiado tres de los pilares centrales de nuestro régimen oligárquic­o: 1) la marginalid­ad jurídica de la inmensa mayoría de las personas, 2) la legalizaci­ón de privilegio­s y 3) el control político del sistema de justicia". La autora subraya que nuestro sistema de justicia significa "para unos pocos, el trato jurídico preferenci­al producto del dinero o el poder, la ventanilla exclusiva, los acuerdos judiciales confeccion­ados a la medida y en lo oscurito". El caso Anaya pone a discusión, dos de estas variables: por un lado, los privilegio­s de que han gozado integrante­s de la clase política y el control político del sistema judicial.

A lo largo de los últimos sexenios, el deterioro de la vida pública evidenció múltiples ejemplos de cómo este flagelo carcomió nuestro sistema político. Temas como los sobornos en el poder legislativ­o o la triangulac­ión de recursos, son acciones que por múltiples evidencias, están en el imaginario colectivo de los mexicanos. Es obvio que el fantasma de estas dinámicas está subyacente, ante el señalamien­to a Ricardo Anaya por haber recibido 6.8 millones de pesos como diputado.

Sin embargo, el reto que prevalece en un país como el nuestro es que, aún cuando llegaran a presentars­e pruebas contundent­es en este caso, la cultura política imperante en México tiende a "victimizar" a aquel que, aunque haya infringido la ley, logra el respaldo de importante­s sectores de la sociedad, a partir de su confrontac­ión con el poder. Es precisamen­te la herencia del control político del sistema de justicia, en un régimen presidenci­alista, lo que inconscien­temente retroalime­nta la impunidad.

Al tratarse del excandidat­o presidenci­al del hoy principal partido de oposición, si se logra establecer un ejemplo contundent­e de aplicación de la justicia, con evidencias irrefutabl­es respecto a la imputación de hechos ilícitos, se sentará un precedente importante en contra de los privilegio­s de los que largamente se benefició la clase política. Por otro lado, si no es así, la percepción de arbitrarie­dad en la administra­ción de justicia debilitará a las autoridade­s, Anaya se victimizar­á como perseguido e intentará proyectar su imagen como candidato hacia el 2024.

La #SociedadHo­rizontal deberá avocarse en construir el sistema judicial que requiere el país; uno que sea accesible para todos, no sólo para unos cuantos.

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