AMLO, damnificado del caso Anaya
La judicialización de la carpeta por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero contra Ricardo Anaya es una de las mayores apuestas en la procuración de justicia de la 4T; pues, a diferencia de otros casos en los que se intenta poner tras las rejas a personajes identificados con la corrupción, un eventual fracaso en este proceso se le cargará directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde su conferencia de prensa mañanera, el mandatario ha mostrado reiteradamente su enojo por que le quieran “echar la culpa” de una persecución política; en especial porque, según las fuentes a las que ha tenido acceso este columnista, los intentos por vincular a proceso al excandidato del PAN no obedecen efectivamente a una orden presidencial.
En los hechos, López
Obrador ha dejado claro a la FGR de Alejandro Gertz que es momento de “mover al elefante”; es decir, de entregar resultados ante la opinión pública que legitimen el discurso de la lucha anticorrupción. En especial, ha sugerido en ocasiones previas, que es momento de que rueden cabezas en el emblemático caso Odebrecht-Lozoya.
La respuesta no se hizo esperar; a un par de semanas del más reciente reclamo del titular del Ejecutivo surgieron desde el Ministerio Público dos expedientes para judicializar, desafortunadamente aquellos que tienen los elementos más endebles para conseguir una aprehensión exitosa: el del último director de Pemex de la administración priísta,
Carlos Treviño, y el del candidato que compitió con AMLO en la elección de 2018, Ricardo Anaya Cortés.
Ambos forman parte de las 70 personas que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denunció en el documento de 63 páginas que se hizo público en agosto de 2020; pero ha sido difícil para la autoridad engrosar las causas penales de estos sujetos, además de que en el caso de Ricardo Anaya la única irregularidad que se podría sumar —el caso de las naves industriales de Querétaro— ya fue calificada con un No Ejercicio de la Acción Penal.
En la lista de los 70 se encuentran también nombres como los de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; todos con argumentos para crear causas penales de mayor relevancia. Destacan también los nombres de los exsenadores que presuntamente operaron y recibieron sobornos para aprobar la reforma energética; entre los que destacan
Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, Ernesto Cordero, Salvador Vega o David Penchyna.
La FGR apostó por el rival que consideró más débil, el que reúne el rechazo y la animadversión de casi todas las corrientes políticas y el que carece de blindajes legales que le impidan poner un pie en prisión. Pero, a la vez, se eligió el caso con menos expectativas de éxito y el que, por los antecedentes, afectará directamente la imagen de
Andrés Manuel López Obrador. Anaya ganó ya el primer round en los juzgados, el panorama para la 4T en este caso no es alentador.
Ambos
forman parte de las 70 personas que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denunció en un documento