Hay más de 52 mil cuerpos sin identificar
La cifra es una estimación mínima, indica informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México
La organización
señaló subregistros en estados como Veracruz y Puebla o falta de información histórica
CDMX. En todo el territorio nacional hay 52 mil cuatro personas fallecidas sin identificar, lo que refleja la profunda crisis forense que atraviesa México en materia de identificación humana, de acuerdo con la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
En su informe La crisis forense en México, señala que 60 por ciento de los cuerpos no identificados yacen en fosas comunes de cementerios públicos; en 22 por ciento de los casos las autoridades “no han podido o no han querido informar dónde se encuentran”, y el resto se halla en diversas instituciones forenses.
“Estos datos dejan ver cómo el aumento de la violencia en los últimos 15 años ha tenido un gran impacto en la sociedad, particularmente en materia de desapariciones forzadas y homicidios. Al mismo tiempo se han agravado las limitaciones de los servicios forenses. Todo ello ha generado una afectación innegable en los derechos de las víctimas”, advierten.
A través de la recopilación de estadísticas, MNDM encontró que la mayoría de los cadáveres sin identificar se localizan en Baja California (nueve mil 87), Ciudad de México (seis mil 701), Estado de México (cinco mil 968), Jalisco (cinco mil 738), Chihuahua (tres mil 943), Tamaulipas (tres mil 788) y Nuevo León (dos mil 77).
La organización acota que, si bien la cifra es oficial, “se trata de una estimación mínima”, debido a inconsistencias en los datos gubernamentales, subregistros en estados como Veracruz y Puebla o falta de información histórica. No se consideran los restos óseos no individualizados.
Si bien, el Movimiento reconoció diversos avances en la materia por parte del Gobierno federal, en particular de la Secretaría de Gobernación, que ha reconocido “emergencia forense”.
Su informe recomienda al Gobierno una serie de acciones para transformar los servicios forenses ordinarios del país. Entre ellas se encuentran: expandir, mejorar y dotar de autonomía a los servicios forenses; actualizar el Protocolo para el tratamiento de identificación forense, así como a aprobar protocolos técnicos.