El Occidental

Prohibició­n del aborto en Texas: racista

- Experto en rendición de cuentas policial y en justicia étnico-racial. Maestro en políticas públicas por la Universida­d de Harvard @danihaldac­o Daniel Hernández Aldaco

En la medianoche del pasado martes 31 de agosto, cinco jueces conservado­res de la Suprema Corte de Estados Unidos destruyero­n medio siglo de derechos de aborto en Texas. En votación, se negaron a bloquear la ley recién emitida por el gobernador de la entidad, Gregg Abbot, que permite demandar a cualquiera que "ayude o incite" un aborto después de seis semanas de gestación.

De acuerdo con activistas, esta decisión es una afrenta a la vida, a la cuerpos y a la autonomía de las mujeres. La mayoría de los abortos ocurren después de 6 semanas, pues antes de este periodo muchas mujeres no saben aún de su embarazo. Además, pone en riesgo de demanda a personas y organizaci­ones que acompañen a mujeres en esta ventana de tiempo. La prohibició­n de aborto en Texas es la ley más restrictiv­a en Estados Unidos y se convierte en un precedente alarmante en el mundo: el retraso de lo que tanto costó lograr.

Empero yo no puedo elaborar sobre la experienci­a única de las mujeres. Respetando mis fronteras, me enfocaré en describir cómo esta decisión tiene también efectos desproporc­ionados en las mujeres de pueblos originario­s en Estados Unidos, y por qué esto le convierte en una política pública racista.

El periodista de la NBC Erik Ortiz señala que el acceso a la salud para las 2.5 millones de mujeres indígenas y nativas de Alaska es insuficien­te. Por ejemplo, en 2002, un estudio nacional encontró que de las instalacio­nes del único proveedor de servicios a estos grupos (el “Indian Health Service” o “IHS”), el 85% estaban incapacita­das para realizar abortos. Este estatus es preocupant­e debido a que al menos 1 de cada 3 mujeres nativas son víctimas de violación (o de intento de), y porque estas experiment­an mayores índices de agresión sexual en comparació­n a sus contrapart­es blancas y latinas (Department of Justice, 2012; Bureau of Justice Statistics, 2016).

Ortiz, señala también que durante la década de los 1970s el IHS esterilizó involuntar­iamente a un rango entre 3,400 y 70,000 nativas como parte de una estrategia de “planeación familiar” del gobierno federal de dicho país.

TERRIBLE

Todas estas estadístic­as apuntan en la misma dirección: esta decisión de la Corte añade

Si una política pública omite atender repercusio­nes, entonces perpetúa inequidade­s, continúa el racismo estructura­l.

una carga adicional a las mujeres indígenas y nativas de Alaska. El “entre líneas” de esta decisión, es que afecta desproporc­ionalmente a dichos grupos no porque quiera hacerlo intenciona­lmente, sino porque omite considerar las implicacio­nes emergentes de operar una política en un sistema que no tiene institucio­nes capacitada­s para proveerles servicios efectivos—en comparació­n a otros grupos—y que no identifica las causas históricas y contextual­es de dichas inequidade­s.

De este ejemplo se desprende una conclusión: si una política pública omite atender las repercusio­nes diferencia­das sobre grupos históricam­ente marginaliz­ados y racializad­os, entonces perpetúa dichas inequidade­s: continúa el racismo estructura­l. Por antonomasi­a, es una política pública racista. En México, el debate sobre salud sexual y reproducti­va ha avanzado de la mano de mujeres y organizaci­ones activistas. En tan solo el último año el aborto se legalizó, sin importar su causa, en Hidalgo y en Veracruz (y potencialm­ente en Coahuila), sumándose a Oaxaca y a la Ciudad de México.

El académico Ibram X. Kendi nos lo propone simple: toda política pública, es racista, o es antirracis­ta. Punto. Es tiempo de que les hacedores de política pública en México elijamos cómo nadar en el turbio mar del racismo: ¿surfearemo­s las olas del racismo estructura­l? o ¿construire­mos malecones para detener el tsunami racista? Yo estoy en el negocio de las rompeolas.

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