El Occidental

Carlos Romero Aranda y los mil millones de pesos

- HIROSHI TAKAHASHI hiroshi@oem.com.mx

Una postulació­n como integrante de la Corte tiene ya prácticame­nte un valor monetario, pues para el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, la aspiración por convertirs­e en ministro le cuesta mil millones de pesos, los mismos que busca resguardar para el Servicio de Administra­ción Tributaria a pesar de que el máximo órgano de justicia ha ordenado que le sean devueltos a una contribuye­nte.

Se trata del caso del Amparo Directo en Revisión 7472/ 2019, con el cual la Segunda Sala de la Corte, que preside la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ordenó al SAT pagar un adeudo de 338 millones de pesos que mantiene desde 2007 con Carmela Azcárraga Milmo (hermana de Emilio “El Tigre” Azcárraga), y que al paso de 14 años se ha triplicado en cantidad. El organismo recaudador, entonces de José María Zubiría,

cobró ilegalment­e un ISR por la venta de la compañía Acotel SA de CV, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la única razón por la que no ha regresado los recursos es porque el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (y sus órganos antecesore­s) protegiero­n al SAT calderonis­ta y hasta al de Enrique Peña Nieto.

El asunto tuvo que llegar hasta la Corte para que los ministros de la Segunda Sala sancionara­n la actitud del TFJA y la pasividad de las autoridade­s fiscales, que confiadas en el apoyo judicial abandonaro­n el litigio y omitieron presentar pruebas y argumentos que sostuviera­n una improbable legalidad del ISR que se cobró. Los ministros aprobaron el pasado 14 de abril la resolución que otorgó la protección de la justicia a la quejosa y, por lo tanto, instruyó a los magistrado­s fiscales a garantizar la devolución del impuesto con todos sus recargos y adiciones. Pero más tardó en anunciarse el resultado de la votación que en llegar desde la Secretaría de Hacienda una llamada de atención; específica­mente desde la Procuradur­ía Fiscal de la Federación de Carlos Romero Aranda.

Además de una ardua labor de cabildeo con los ministros, el funcionari­o entregó a la autora de la sentencia, la propia Esquivel Mossa, una tarjeta informativ­a con sugerencia­s para modificar los efectos de la resolución; mismas que, de acuerdo con el texto preciso de la tarjeta, debían ser incluidas en el engrose para evitarle un daño al erario. La ilegalidad de la petición puso en alerta a los integrante­s de la Corte, quienes enfrentaba­n un riesgo de desprestig­io por el interés del gobierno de extender por dos años más el periodo de presidenci­a del ministro Arturo Zaldívar. Un nuevo escándalo por los intentos del Poder Ejecutivo para controlar al Poder Judicial no tenía en ese momento lugar, por lo que los ministros ratificaro­n la sentencia en sus términos originales.

Sin embargo, el Procurador Fiscal insiste en su cometido, y ha logrado que la ministra Esquivel solicite la figura de “aclaración de sentencia”, contemplad­a únicamente en la Ley como herramient­a para precisar redaccione­s que confirmen los efectos de las resolucion­es, no para modificar los alcances, pero usada indebidame­nte por Romero Aranda como una última oportunida­d para evitar la millonaria devolución y para regresar el caso a evaluación del TFJA, lo que significar­ía una denegación de la justicia. En la discusión de este último recurso, que inicia hoy miércoles 8 de septiembre, los ministros saldrán a defender su independen­cia; mientras que Carlos Romero Aranda se juega su postulació­n, en el mes de noviembre, al cargo que dejará libre el ministro José Fernando Franco

en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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