Inexistente desarrollo urbano sustentabe en la Ciudad de México
Durante la administración de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno hubo alrededor de 3 mil denuncias ciudadanas por violaciones al uso de suelo, mientras que en la gestión de Miguel Ángel Mancera se registraron más de ocho mil. El resultado fue un aumento del 132 por ciento, el más alto en la historia de la capital.
El registro de la acreditación de polígonos de actuación ha ido en aumento; en 2012 fueron autorizados 59, mientras que en 2013 la cifra se elevó a 333, entre los años 2017 y 2018 se dieron 174 autorizaciones, mismas que fueron revisadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), concluyendo con 48 casos que son irregulares.
Definitivamente fueron épocas oscuras para la ciudad, donde de manera abierta y cínica se favoreció al entonces denominado “Cartel Inmobiliario” a costa de la ciudad y sus habitantes. Resulta escalofriante pensar que actualmente estamos viviendo algo similar.
Aunque se intente negar de manera abierta, el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene consideraciones excesivas con el sector inmobiliario, justificándose bajo el falso argumento de la recuperación económica que hoy más bien suena a pretexto para encubrir operaciones perfectamente orquestada las cuales benefician a unos cuantos.
El 1 de septiembre de este año recibimos en el Congreso de la Ciudad el Tercer Informe del Gobierno de la Ciudad, en el documento llama la atención el apartado denominado “Desarrollo Urbano Sustentable e Incluyente” donde como ya es costumbre se culpa a las administraciones anteriores por el desastre que heredaron, sin asumir su responsabilidad.
En el Informe se detalla que de agosto de 2020 a julio de 2021, se autorizaron 19 polígonos de actuación y cinco sistemas de transferencia de potencialidad, al mismo tiempo que prevén autorizar ocho polígonos y dos sistemas de transferencia de potencialidad más sólo de agosto a diciembre de este año.
Tremendo regalo de Navidad le darán a la ciudad, ya que esto va acompañado con la ausencia de un Programa General y Ley de Ordenamiento Territorial, así como otros instrumentos de planeación previstos por la Constitución y sin claridad alguna de la aplicación de los recursos obtenidos por adquisición de potencial o medidas de integración.
Según se expone en el informe, los recursos recuperados por adquisición potencial en los SAC Alameda-Reforma, Distrito San Pablo, Granadas, Tacubaya y La Mexicana, asciende a más de 44 millones de pesos en el último año, casualmente la cifra es la misma para los tres años de la actual administración, lo que implica que en los primeros dos años de gestión no lograron recuperar un solo peso.
Afirman en el documento: “Los recursos recuperados son aplicados ya para financiar acciones de mejora de la infraestructura y espacios públicos, así como para la construcción de vivienda social”
Me pregunto: ¿El dinero va a será utilizado en las colonias donde se recaudó? Porque al final ese es el propósito de las medidas de integración o las contraprestaciones, generar un beneficio para la comunidad que se ve impactada con la llegada de un desarrollo de tal magnitud.
Aunque seguramente como ya es costumbre, ese dinero terminará siendo ejercido en otra alcaldía con mayor prioridad para el Gobierno, o peor aún, perdido en las arcas públicas como el dinero generado durante varios ejercicios fiscales por los parquímetros.
Las interrogantes y la sospecha se dan dentro de un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva inexistente, cuyo titular recibe un sueldo del dinero público, pero permanece como espectador de este circo orquestado entre empresas particulares y la jefa de gobierno.