Juicio político e igualdad ante la ley

Existen imperativos categóricos que deben regir la vida de cualquier funcionario público, particularmente aquellos que ostentan el fuero constitucional: no delinquir y sustraer el dinero destinado al desarrollo del país.

Al realizar tales actos, violentan al pueblo de México. Llevamos décadas donde la ciudadanía ha exigido eliminar todos los privilegios de la clase política y en estos momentos que nuestro país transita por una profunda transformación se requiere todas las condiciones para acceder a la justicia y castigar a los corruptos.

Para que el servicio público sea honesto y transparente, se requiere un andamiaje legal que frene la corrupción y edifique instituciones firmes. En tal sentido, de aprobarse la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, vislumbra la oportunidad de reorientar la vida pública del país y acabar con la corrupción, la opacidad y la impunidad.

Todos los funcionarios al servicio del estado, incluyendo el presidente de la República, podrán ser juzgados como cualquier ciudadano, pues este instrumento legislativo, busca transformar a la clase política de nuestro país y cerrar otro capítulo del antiguo régimen. De igual forma, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia coloca a los funcionarios públicos en un mayor grado de escrutinio. Aprobar la ley en mención, representa eliminar una etapa turbia del país donde el fuero fue utilizado por diversos actores corruptos para evitar la acción penal y sustraerse la justicia.

Las bondades de este proyecto legislativo, contempla procedimientos y reglas más claras para cuando un funcionario -incluyendo del más alto nivel-, violente la ley, haga mal uso o robe los recursos públicos, pueda ser juzgado, inhabilitado, destituido e incluso ir a la cárcel. Hecho que hasta nuestros días parece una utopía.

En resumen, de aprobarse la Ley de Juicio Político, nuestro país avanzará en la igualdad, la equidad y la justicia. Que se aplique la ley a todos por igual. Que sea sin distingos.