Vámonos dejando de cuentos
En 1902 en la Ciudad de Los Ángeles, California, por primera vez se introdujo la posibilidad de que un Gobernador fuera destituído vía la revocación del mandato.
La figura surgió como una forma distinta del juicio político o de las acciones legislativas para cambiar a un funcionario que no respondió a la confianza depositada en él mediante el voto al no representar responsablemente a sus electores.
Empezaron los ejercicios cívicos de revocación en el año 1913, a iniciativa del Gobernador Republicano Hiram Johnson, quien les llamaba "elecciones revocatorias".
A partir de entonces, en California se han producido 55 intentos de destitución, de los cuales solo uno prosperó: el de Gray Davis en 2003, cuando fue sustituido por Arnold Schwarzenegger. El caso más reciente, ha sido el del Gobernador demócrata Gavin Newsom; los electores decidieron que continuara en el cargo porque piensan que seguirá impulsando una política migratoria más progresista, una agenda puntual sobre el cambio climático y combatirá frontalmente la desigualdad social. Seguirá como Gobernador hasta 2023.
Sobre la misma temática, en lo doméstico, con extrema dilación se aprobó la ley relativa a la revocación de mandato para someter a consulta si el Presidente López Obrador debe continuar o no despachando en Palacio Nacional consulta que deberá realizarse el próximo año.
Hay muchas dudas legales surgidas con relación a la eficacia y obligatoriedad de una legislación reglamentaria de esta naturaleza por haber sido promulgada en forma extemporánea y va a generar nulidades y juicios ante el TRIFE, dilatando la decisión y causando profunda inestabilidad sociopolítica. Hay que ver las cosas en forma práctica.
No estamos como en California, donde al mismo tiempo en que se proponía la revocación del mandato del Gobernador Gavin Newsom se ofrecía a los electores la alternativa de sus sustitutos; en el caso de la Presidencia de México no es así.
Si se le revoca el Mandato al Presidente López Obrador, el cargo será ocupado momentáneamente por el Presidente del Congreso; luego, el Congreso designará un
Presidente substituto que habrá de concluir el mandato.
"El pueblo pone y el pueblo quita." En este caso no. Quien realmente pondría al nuevo Presidente si se le revoca el mandato, no sería el pueblo, sería el Congreso, no estamos como en California. Además quien nos asegura que el que siga sea mejor que el actual o sea peor aún? Dejémonos ya de cuentos. Que el Presidente concluya su mandato constitucional y se vaya a su rancho a seguir escribiendo libros. Nada de revocaciones. Es pérdida de tiempo, es algo ocioso. Nos ahorraremos mucho dinero y disgustos. Necesitamos más trabajo, menos cortinas de humo.