Garantizar los principios y el derecho a decidir
Aseguraron que se debe garantizar el derecho a decidir y brindar seguridad en la atención de mujeres
Urge se armonicen las leyes tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no criminalizar el aborto. Las especialistas advierten que en Jalisco mueren adolescentes por interrumpir un embarazo ante la falta de información y espacios de salud que brinden una oportuna atención médica.
Las especialistas
advierten que en Jalisco fallecen adolescentes por interrumpir un embarazo ante la falta de información.
En Jalisco debe respetarse y garantizar el principio de confiabilidad, el derecho a decidir y brindar seguridad en la atención de mujeres y personas gestante; y en materia legal, urge que el Estado adecue y armonice la Constitución estatal, el Código Penal y la Ley de Salud, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) de declarar inconstitucional criminalizar el aborto en México.
Investigadoras y académicas en diferentes aristas tanto del ámbito de salud, social, psicológico y jurídico analizaron este problema de salud pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
En la mesa de análisis de la resolución de la SCJN, la presidente del Comité de ética de investigación del CUCS, Irene Córdova Jiménez se pronunció por realizar diversas reformas dado los argumentos de la Corte y los precedentes que al respecto.
“Tendría que haber modificaciones a la Constitución del Estado de Jalisco tal y como establece en esta parte de que se protegerá la vida desde el momento de la concepción (…) la adecuación del Código Penal para las causas excluyentes de responsabilidad, equipararse no solo en Jalisco sino en todo el país con el derecho a la igualdad hasta la semana doce de gestación”.
En cuanto a la Ley estatal de Salud mencionó que se debe incorporar la obligación del Estado para la prestación de los servicios a las mujeres que requieran una interrupción legal del aborto.
“La responsabilidad del Estado no recae solo en el Ejecutivo sino en el Poder Judicial para entender que hay muchas mujeres en la cárcel indebidamente que deben tramitarse la libertad de todas ellas de acuerdo con la resolución de la corte, el cual tiene efectos retroactivos al 2017” apuntó Córdova Jiménez.
En el evento, organizado de forma hibrida, por su parte, en el ámbito de trabajo social, Sofía del Refugio Reynoso Delgado mencionó que ante la falta de información nacional hay adolescentes mueren tras practicar un aborto inseguro.
La psicóloga Olivia Ortiz Ramírez se pronunció porque un servicio público de salud integral en el tema de violencia y salud sexual y reproductiva de las mujeres, tratados internacionales, y derechos humanos y jurídicos que respaldan la atención de las mujeres.
“El acceso a los servicios de aborto seguro estaría dentro de este marco (…) también el respeto, la ausencia de juicios y la empatía. En la ausencia de juicio relacionada con el estigma (…) con mucha frecuencia se puede poner adelante las creencias del personal que está atendiendo”.