“SUPERIORES AL ESTADO”
EL PODER de las bandas “es una amenaza contra el Estado que tiene un poder igual o superior al propio Estado”, acepta el gobierno
las cárceles tenían territorios marcados y “que se respetaban”.
Con su muerte (2020), las bandas de los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos “se han puesto como consigna atacar a los Choneros y quitarles su espacio“, dice el exfuncionario, que prefiere el anonimato.
“Estas bandas conocen todo sobre el sistema carcelario y mueven la corrupción que impera en guías, directores y más (…) no hay otra explicación para que entren motosierras y fusiles”, detalla.
Agrega que los reos planifican motines simultáneos porque saben que la capacidad de reacción y el número de personal desde el gobierno, para seguridad, es bajo.
El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que el narcotráfico en el país y las bandas en cárceles responden a dos cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.
Ambos se disputan el control de corredores y las redes de envío de cocaína por las costas ecuatorianas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
¿GUERRA ESTADO VS NARCO?
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, dice que el alza de las muertes violentas, los ataques con drones y la dotación de armas que tienen los reos dan un claro mensaje de los cárteles al Estado: “el narcotráfico amenaza al Estado y no el Estado al narco”.
Es por eso que emprender un plan estratégico contra el narcotráfico y el tráfico de armas debe ser la consigna para que “la violencia de las cárceles no se traslade a las calles”, dice Pazmiño.
Pero la crisis carcelaria no inició con la matanza de 79 presos, el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles son el resultado de reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, más la naturalización del mandato interno de bandas criminales y sus guerras por espacio.
Andrés Granda indica que el quiebre del sistema carcelario data del 2018.
“Si bien el déficit de guías penitenciarios, tecnología e infraestructura es algo que pasa hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.
El 2018, había un hacinamiento de 36 por ciento. En 2021 alcanza 38 por ciento.
La entrada en vigor del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, y lo único que representó fue el populismo penal del gobierno de Rafael Correa, para enviar el mensaje de que había “mano dura contra la delincuencia”.