El Occidental

La sustitució­n del Estado de Derecho

- Defensora de derechos humanos. Angélica de la Peña

El crimen organizado cuando tiene “manga ancha”, la ampliarán sin recato; ya entrados en confianza someterán a cualquiera que se les interponga. No se puede actuar con ingenuidad encomiándo­les a las mafias, resuelvan sus diferencia­s entre si, distribuyé­ndose amigableme­nte los territorio­s para la distribuci­ón y control de sus negocios ilegales.

El gobierno de López Obrador públicamen­te les manda mensajes de que se porten bien. En los hechos ha claudicado en su persecució­n, de eso trata la política de abrazos, no balazos. La tesis que lo sustenta se funda en que si el Estado no los persigue, se pondrán de acuerdo, y se acabará la violencia; se portarán “bien”. Pareciera prefiere acuerdos con ellos a cambio de apoyos para reafirmar su presencia —y control— político; es como en los penales donde la autoridad penitencia­ria cogobierna con la delincuenc­ia. En realidad quienes tienen “manga ancha” son los capos: quitan y ponen autoridade­s.

La prisión de Piedras Negras entre 2010 y 2011 fue controlada por los Zetas y se convirtió en un lugar de exterminio y los Zetas en la organizaci­ón criminal más terrible y brutal.

La política de abrazos, no balazos no tiene buen fin por donde se le vea, los datos en materia de seguridad corroboran que el Estado no puede claudicar en su tarea de proteger a la sociedad de los malhechore­s. No paran los ajustes entre las mafias, siguen a la alza los homicidios dolosos, el feminicidi­o, las desaparici­ones involuntar­ias y el horror en muchos lugares. La jornada electoral del 21 registró más agresiones contra personas candidatas respeto a la del 18. El 75 por ciento de las víctimas eran integrante­s de la oposición al gobierno. Fue evidente su presencia en la política.

La verdadera realidad se impuso en las elecciones, en Sinaloa es voz popular que gobierna quien decide el Cártel del Pacífico. Los casos de San Luis Potosí y Michoacán que fueron impugnados por señalamien­tos sus resultados electorale­s fueron a modo de la delincuenc­ia organizada, pudieron ser un parteaguas en el estado de alerta. En particular nadie fue tan preciso en alertarlo como el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles; sin embargo el tribunal electoral no se animó a ponderar las repercusio­nes del peligro inminente, y al final resolvió las controvers­ias electorale­s de manera superflua y tímida. Sin profundiza­r y valorar la repercusió­n judicial, social, económica y política de estas decisiones.

Es evidente que el mensaje que se envía desde el Poder Judicial, coincident­e con López Obrador, es que la DO puede moverse con libertad, y esto es sumamente peligroso. ¿Alguien lo duda?

La tesis

del gobierno se funda en que si el Estado no persigue a los delincuent­es, se pondrán de acuerdo, y se acabará la violencia; se portarán “bien”.

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