Hipotecar el país al crimen organizado
La influencia de las organizaciones criminales con altos funcionarios del gobierno mexicano ha crecido y la corrupción no solo persiste, sino que se ha vuelto más evidente. La evolución de la criminalidad en los últimos años, aparejado al desbordamiento del tráfico de drogas, ha resultado en un crecimiento de la extorsión cuyas implicaciones son de alto impacto en economías de pequeña, mediana y gran escala en amplias regiones del país.
El pasado martes el Departamento de Estado dio a conocer el reporte anual sobre la Estrategia de Control de Drogas, un informe en dos volúmenes que contiene la evaluación de las políticas de 63 gobiernos extranjeros —entre ellos México— para reducir la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas.
El reporte destaca que los vínculos de las organizaciones criminales trasnacionales con funcionarios de gobierno han sido un obstáculo significativo en cualquier esfuerzo que haya emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El reporte califica como “inaceptable” los altos volúmenes de drogas que durante el año pasado fueron movidas por distintas vías hacia la Unión Americana. Destaca que en los últimos tres años ha disminuido la superficie cultivada de amapola, al pasar de 30 mil hectáreas en 2019 a 23 mil en 2021, sin embargo el 97 por ciento de la heroína que llegó durante el año pasado a Estados Unidos tuvo su origen en territorio nacional.
Funcionarios mexicanos a nivel local señalan que los conflictos por el control de las ventas minoristas de drogas en particular metanfetaminas, son un problema grave de seguridad en todo el país. El dato que persiste por cuarto año consecutivo es que el 90 por ciento de la metanfetamina decomisada en Estados Unidos tuvo su origen en México.
El incentivo para delinquir y para el empoderamiento de grupos criminales locales que controlan comunidades y vías de comunicación, es que 93 por ciento de los delitos, incluyendo drogas, no se denuncian ni se investigan. El reporte señala que durante todo el año 2020 el sistema de justicia sólo logró tres sentencias condenatorias por lavado de dinero.
Las complicidades criminales entre funcionarios y los grupos delincuenciales a las que alude el reporte, han sido el abono para que la extorsión esté instalada como la primera caja registradora de los activos del crimen. La diversificación de los negocios ilegales, como “el cobro de piso”, tiene su incentivo en la bancarrota de la procuración de justicia, que ha agudizado sus fallas sistémicas este sexenio.
El informe se dio a conocer pocos días después de que la Guardia Nacional, el Ejército y las policías locales de Michoacán quedarán en evidencia ante la libertad como se movieron caravanas de grupos civiles armados que sitiaron San José de Gracia, donde tras un asesinato en masa, se reportaron al menos 17 víctimas, los responsables tuvieron tiempo de sobra para recoger los cuerpos y limpiar el lugar.
Misma película —sin tanto muerto— fue denunciada semanas atrás por los habitantes de Caborca, Sonora. Son imágenes que circulan en redes, de la hipoteca del país a manos de la delincuencia organizada.