Estados: quien paga manda
La agenda
del gobierno federal se impone a los gobiernos estatales. La afirmación no es una suposición, es un hecho. El actual arreglo de coordinación fiscal ha derivado en que el 82 por ciento de los recursos que se utilizan en los estados provengan de las transferencias federales. La poca autonomía fiscal se traduce en que los estados pierden la capacidad de responder a problemas locales de manera focalizada y ágil.
De acuerdo con el estudio Hablemos de Ingresos, las entidades federativas en promedio generan únicamente el 11 por ciento de sus ingresos y otro 7 por ciento adicional a través de la contratación de deuda pública. En 22 años, las transferencias federales crecieron 198 por ciento en términos reales, mientras que los ingresos propios prácticamente se han mantenido constantes en los últimos 10 años. Esto quiere decir que los estados no ejercen sus facultades impositivas y pierden capacidad de recaudación.
En esta administración se volvió a postergar la reforma fiscal. Actualmente se contempla la cantidad de población residente y los niveles de pobreza en un estado como los aspectos clave para el cálculo y distribución de recursos. En teoría, el pacto fiscal tendría que servir para reducir las brechas de desigualdad que persisten en el país. En la práctica, se generaron incentivos para no atacar las carencias de la población desde los gobiernos locales.
El ejemplo claro de esta dependencia y poca autonomía se da en la inversión pública. La decisión de en qué invertir queda a merced de las decisiones del Gobierno Federal.
En seis años, la mitad de los recursos de obra pública se destinaron a proyectos de infraestructura relacionada con los hidrocarburos (1 billón 715 mil millones de pesos). La inversión atiende la agenda federal y no a los sectores prioritarios para los estados o la infraestructura social y urbana.
¿Por qué nos conviene reducir la dependencia e incrementar la autonomía fiscal de los estados? Si los estados generan más ingresos propios se traducirán en 1) una mayor capacidad de gasto, 2) atención a prioridades que haya detectado el gobierno local, 3) mejorar la competitividad de un estado, ya que tiene un impacto directo en la eficacia de los gobiernos para influir positivamente en el financiamiento e implementación de las políticas públicas.
Se completó la receta para el antifederalismo: una cultura del “no pago” y del “no cobro”, dependencia de las transferencias de recursos federales y reglas que generan incentivos perversos para no mejorar. Por eso urge la revisión de impuestos locales, las reglas del pacto fiscal, el fortalecimiento institucional y los incentivos para lograr una justicia fiscal.
Urge la revisión de impuestos locales, las reglas del pacto fiscal, el fortalecimiento institucional y los incentivos para lograr una justicia fiscal.