Piden conocer cifras reales de fallecidos
Solicitaron al
Arzobispado de Guadalajara entregue el resultado de la encuesta en parroquias de la zona siniestrada
Colectivos del 22 de abril solicitaron al Arzobispado de Guadalajara dé a conocer el censo realizado por Cáritas Diocesana de Guadalajara a fines de 1992 e inicios de 1993 realizadas en las parroquias de las zona siniestrada y aledañas a Analco.
Oscar González Gari, representante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, hizo recuento de las autoridades involucradas y la numeralia de personas fallecidas, que oficialmente dijeron que fueron poco más de 200, pero que tienen evidencia de registro de más de 900.
Han encontrado fotos donde a los cadáveres se les pusieron unas cartones cerca de la garganta con número 927, 928, por lo que no fueron 210 muertos.
La información del censo ha sido sistemáticamente negada por las instituciones que ocultan la verdad.
La política oficial hacia las víctimas desde mayo de 1992 hasta hoy, con la creación del Patronato de Auxilio e Indemnización a los Afectados, fue dividirlas, y minimizar costos y gastos, incurriendo en minimizar los deberes en la Declaración de Justicia de las Naciones Unidas de 1985, que establece claramente los derechos humanos de las víctimas del os abusos del poder.
La política oficial ha sido criminal, inhumana, cruel, criminal, que no se debe permitir en las manos de quien se hace llamar defensor de los derechos humanos. Y esa política se ha perpetuado hasta hoy, pues sólo es víctima atendible el que acredite ser lesionado corporalmente por las explosiones, los demás no existen, ni existe una instancia que los atienda.
El mandatario oficial del estado ha sido violador de los derechos humanos y de sus promesas en lo que va del sexenio. Ni habló con el Presidente de la República en el 2019, ni aceptó el informe especial de la Comisión Estatal sobre el caso 22 de abril , indicaron colectivos que piden audiencia con el Presidente de la República.