El Sol de Bajío

Garantiza Durazo la autonomía de la fiscalía

- GABRIELA JIMÉNEZ

CDMX.- Alfonso Durazo, nominado a la Secretaría de Seguridad Pública, consideró innecesari­a la participac­ión de las organizaci­ones sociales para designar a un Fiscal General autónomo. Comentó que de mantenerse el proceso, como lo marca el artículo 102 Constituci­onal, no mermará en la independen­cia del próximo funcionari­o, porque la última palabra recae en el Senado. OEM informó que organizaci­ones civiles y empresario­s presionan para que sea realmente independie­nte.

PUEBLA, Pue.- Con 31 homicidios y 113 agresiones perpetrado­s en contra de servidores públicos y candidatas y candidatos, desde el 8 de septiembre de 2017 y hasta los comicios del 1 de julio, Puebla se convirtió en la entidad más violenta del país durante el proceso electoral, reveló el Séptimo Informe de Violencia Política en México 2018 de la firma Etellekt.

De acuerdo con el estudio de la consultora especializ­ada en temas de seguridad y políticas públicas, entre las fechas del arranque del proceso electoral federal y de la jornada electoral en 26 estados se reportaron mil 203 atentados y asesinatos contra servidores públicos y aspirantes a puestos de elección popular; la mayoría de ellos sucedieron en Puebla: 144 en total, lo que equivale al 11.9 por ciento del total.

El análisis de Etellekt detalla que de las 144 agresiones que se registraro­n en la entidad, 31 fueron homicidios y 113 algún tipo de atentado, todos en contra de servidores públicos en funciones, precandida­tos o candidatos que serían votados el 1 de julio.

Por lo que se refiere a los homicidios, 16 de las víctimas fueron funcionari­os públicos, mientras que el resto, 15, eran aspirantes a algún cargo de elección popular; 13 eran hombres y dos, mujeres.

Por este número de crímenes Puebla se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional, superando a Jalisco y Sonora, por mencionar dos ejemplos. Mientras que respecto a las 113 agresiones que se produjeron en el estado poblano, la mayoría, 125, fueron en contra de políticos y 19 en contra de servidores públicos.

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