Acuerdan diálogo para poner fiscales
CDMX.- Representantes de los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás se reunieron con la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier y Zóe Robledo entre otros integrantes del equipos del virtual ganador de las elecciones presidenciales, András Manuel López Obrador para establecer mesas de diálogo y discutir la forma en que se nombrará a los titulares de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Atención a los Delitos Electorales.
En la reunión estuvieron presentes los representantes de Causa en Común, María Elena Morera; Transparencia Mexicana, Eduardo Bohorquez; y Fundar, Centro de Investigación y Análisis, Haydee Pérez, entre otros, y se acordó la realización de mesas públicas de diálogo para analizar la importancia de la reforma al artículo 102 de la Constitución Política y de mejorar la minuta de la Ley Orgánica de la FGR, cuya aprobación está pendiente en el Senado.
Se acordó que mientras dure el diálogo público, no se nombrará a los titulares de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Atención a los Delitos Electorales; ni se aprobará la Ley Orgánica de la FGR.
Así lo dieron a conocer integrantes de #FiscaliaQueSirva, al indicar que en las próximas semanas se instalarán las mesas y se informará puntualmente a la opinión pública sobre los resultados.
Recalcó que la transformación de la PGR es una nueva fiscalía que requiere disposición al diálogo entre diversos actores sociales y de gobierno; “ambas partes reconocimos la apertura y se comprometieron a mantener esta dinámica democrática” señala.
Es de recordar que Olga Sánchez Cordero se reunió a puerta cerrada con los integrantes de las tres ternas nominadas por López Obrador durante la precampaña para encabezar las tres fiscalías; en ese encuentro se acordó nombrar a la brevedad al fiscal general y a los otros fiscales con las disposiciones vigentes, sin realizar la reforma al artículo 102 constitucional por el que han pugnado las organizaciones de la sociedad civil desde hace dos años.