Prevé Tello aval a Impuesto Ecológico
LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
Tres grandes
empresas, una cervecera y dos mineras se ampararon y no han pagado el impuesto
ZACATECAS, ZAC.- La posibilidad latente de que en breve el impuesto ecológico sea determinado como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representaría un triunfo del gobernador Alejandro Tello Cristerna, y su aval ayudaría al estado a vencer el déficit educativo que enfrenta.
Avalado el 15 de diciembre de 2016 por el congreso local, la iniciativa de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para 2017 incluía el Impuesto de Responsabilidad Ambiental, que se recaudará a través de remediación ambiental; emisión de gases a la atmósfera: emisión de contaminantes al suelo y agua y por el depósito o almacenamiento de residuos.
Al gravar esas actividades, buscaba recaudar mil 230 millones de pesos durante 2017. El destino de este impuesto sería para obras, infraestructura de los servicios de salud, mejoramiento o restauración del equilibrio ecológico; así como en acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y cumplimiento con las disposiciones ambientales.
Empresas como la cervecera Grupo Modelo, las mineras Peñoles y Goldcorp, de las más grandes en el estado y que mayor
aportación tendrían al estado por vía de estos impuestos, decidieron ampararse y al momento no han pagado el impuesto.
Hay otras empresas, pequeñas, que decidieron no emprender una acción legal y que han pagado puntualmente este impuesto de responsabilidad ambiental. No obstante, el estado de Zacatecas no puedo recaudar un solo peso de tal impuesto, pues al considerar que el gobierno del estado invadió atribuciones exclusivas de la Federación, el gobierno federal impugnó la implementación del impuesto ecológico que entró en vigor en el mes de enero de 2017.
La controversia fue interpuesta por Alfonso Humberto Castillejos, quien se desempeñaba como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal.
Para que el impuesto ecológico pueda ser derogado se requieredel voto de al menos ocho de los 11 ministros de la Corte.