Édgar Alán Arroyo Cisneros
La impunidad es uno de los males endémicos de nuestra vida pública contemporánea, aunque ello también pudiera sostenerse en clave histórica.
“No hay nada más peligroso que la impunidad”.- Isabel Allende
El rompimiento de la relación de causa y efecto entre lo que sucede antes, durante y después de un hecho catalogado como antijurídico se entiende no sólo como impunidad sino también en algunos de los casos como corrupción, por lo que no hay Estado de Derecho ni cultura de la legalidad que valgan en aquellos contextos en los cuales las normas se violan sistemáticamente sin que pase nada a continuación.
Como dice la famosa escritora Isabel Allende al complementar el epígrafe del presente artículo: “No hay nada más peligroso que la impunidad; es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores bestialidades, no importa el color de la piel”.
Y es que para algunos sectores de la población la impunidad pudiera asimilarse a una inacción por parte del Estado, lo cual no sólo contraviene la esencia misma de éste sino que cuestiona su razón de ser. Un estado de anarquía, en otras palabras, es el que puede llegar a hacer su aparición.
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define la impunidad como la “cualidad de impune”. A su vez, el vocablo “impune” tiene la siguiente significación: “que queda sin castigo”. Así, sin mayor grandilocuencia y de manera eficaz, la mayor autoridad lingüística en nuestro idioma deja ver que impunidad equivale a falta de castigo, a falta de consecuencias que, en el caso de la ley, tiene que ver por supuesto con el quebrantamiento de la misma.
La impunidad tiene un efecto absolutamente negativo en la plena vigencia de los derechos fundamentales, no sólo por lo que hace a los estándares de reparación del daño que tendrían que aumentar sus efectos en épocas convulsas como las que nos ha tocado vivir; antes bien, ese efecto nocivo se pone de manifiesto desde el instante mismo en que cualquier conculcación de derechos socava la dignidad humana, raíz de nuestras prerrogativas más básicas.
Si la lesión a un derecho no se castiga, simple y definitivamente el Estado está teniendo fallas sistemáticas que con el paso del tiempo se acumulan y rompen de tajo los cimientos institucionales.
La Universidad de las Américas de Puebla publicó el Índice Global de Impunidad 2020, el cual subraya que este elemento cancerígeno de la vida pública está directamente relacionado con la desigualdad, la violencia y, como se adelantaba en uno de los párrafos anteriores, con la corrupción.
Por igual, se enfatiza la necesidad de contar con una voluntad política completamente reforzada y a prueba de cualquier cosa; en efecto, y en sintonía con ello, es posible aseverar que la convicción de la clase gobernante y una sociedad fuerte forman un binomio indispensable para mejorar las circunstancias actuales, que no son muy halagüeñas que digamos, pues a escala planetaria la impunidad hace de las suyas e incluso tiende a expandirse, menguando el sistema político.
En dicho Índice se puede leer textualmente lo siguiente: “La impunidad es un fenómeno multidimensional que atraviesa los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos, principalmente. Sin embargo, es un problema que afecta en lo interno a la mayoría de los países y que tiene una repercusión global” (p. 27). Como es dable apreciar, la impunidad se entiende también como una expresión negativa de la globalización y de la transterritorialidad del poco apego al Estado de Derecho.
A partir de lo dicho, el rol de las políticas públicas, de los planes de acción y de las estrategias y programas de gobierno adquiere una relevancia aún más significativa para afrontar un problema sobre el cual descansan numerosos expectativas del futuro de la ciudadanía, pues sin una aplicación irrestricta de las leyes con todo lo que ello implica, nuestro futuro penderá de un hilo. Ni más ni menos.