SHCP niega interferencia en los juicios
Responde a carta dirigida a AMLO por la American Bar Association donde exige se respete la asesoría legal
CDMX. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), rechazó interferir en los juicios tributarios o en la oportunidad para que los contribuyentes reciban un trato digno ante la autoridad fiscal.
“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso; reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas”, manifestó la dependencia.
El posicionamiento surgió luego de que la American Bar Association (ABA), conocida como el Colegio de Abogados de Estados Unidos, envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir que no se interfiera en la asesoría legal cuando empresas o personas se enfrenten a juicios fiscales.
De acuerdo con el organismo, existen informes públicos que indican que, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han manifestado que los miembros de la abogacía son un obstáculo para los objetivos de transformación del gobierno mexicano".
Pese a estos señalamientos, en una reunión con senadores, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, hizo un reconocimiento a la iniciativa privada por el compromiso para corregir sus adeudos fiscales y con ello sumar más recursos al erario.
Detalló que como parte de estas acciones y el programa de eficiencia recaudatoria, al 22 de octubre se saldaron deudas por más de 200 mil millones de pesos concentradas en alrededor de 650 grandes contribuyentes.
Agregó que desde inicios de año se entabló un diálogo con empresarios de los sectores acerero, alimentos industrializados, automotriz, minero, financiero y de comercio minorista para resolver los pagos de contribuciones fiscales pendientes.
La misiva de la ABA también refirió que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) está iniciando o amenazando con iniciar investigaciones penales, como una táctica de negociación para presionar a personas o entidades para que corrijan malas conductas tributarias.