Carolina Viggiano
Hace unos días, durante la instalación de la Comisión de Niñez y Adolescencia del Senado de la República, Organizaciones de la Sociedad Civil plantearon que es necesario incorporar a las Procuradurías de Protección de los estados, a los Sistemas de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estas Procuradurías son las encargadas de articular los mecanismos de protección integral de niñas, niños y adolescentes para evitar que sean violados sus derechos o bien para restituirlos cuando esto ha ocurrido, procurando en todo momento su pleno desarrollo.
Con independencia de analizar la propuesta planteada desde la sociedad civil, indudablemente debe trazarse la ruta para fortalecer su actuación, darles herramientas eficaces para cumplir con sus objetivos y garantizar que su enfoque sea de protección de derechos y no tutelar o de asistencia social.
Durante mi participación como presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, articulamos el Primer Sistema de Protección de los Derechos de Niñas y Niños, en cuyo diseño, cobró gran relevancia la Procuraduría a la que denominamos PRONNIF, que dejó de ser llamada “del menor”; pasó de ser un organismo administrativo adscrito al DIF, a tener el rango de una Secretaría de Estado y dejó atrás la visión asistencialista para ser una verdadera procuraduría cuyo objetivo sería asegurar que las niñas y niños tengan una vida feliz y plena.
En un hecho inédito, la PRONNIF tuvo su propia policía; un cuerpo de defensores públicos que representaran a las niñas y niños en los procedimientos judiciales; un equipo de mediación que buscara dar soluciones alternas a asuntos familiares para evitar enfrentarlos a juicios que solo dañan su desarrollo, dándole un importante enfoque de prevención.
De igual manera se fortaleció el procedimiento de adopciones, para evitar que las niñas y niños que se encontraban en las instituciones del estado porque sus padres habían perdido su patria potestad, se quedaran ahí durante años, hasta ser mayores de edad, perdiendo la oportunidad de ejercer su derecho a una familia en la que puedan crecer sanos y felices.
Posteriormente el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso Federal su primera iniciativa preferente en la que formuló un sistema a nivel nacional, sin embargo se dejó en libertad a las entidades para decidir qué naturaleza administrativa darían a las Procuradurías, provocando que hasta la fecha muchas de ellas sigan siendo parte del DIF, lo que impide que sean las rectoras de la política pública en la materia y que tengan las facultades necesarias para proteger de manera efectiva a niñas y niños.
Es innegable que México ha tenido un importante avance en este tema, mismo que ha sido reconocido por organismos internacionales, sin embargo, el reto de la siguiente administración federal será consolidarlo y para ello, la clave está en darle uñas y dientes a las Procuradurías de Protección de Niñas y Niños.