Corrupción, problema que afecta a México
El INEGI informó además, que en el 2017 estuvieron involucradas 3 millones de personas
El estado de Hidalgo es una de las entidades que tiene menor prevalencia de actos de corrupción entre población-empresas-autoridades de gobierno, revela el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), a propósito de que el domingo se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción.
A finales de 2017, esta entidad terminó de implementar el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y en el total de quejas y denuncias recibidas por incumplimiento de las obligaciones de los burócratas, cuenta con 1.2 por cada 100 servidores públicos, ubicándose en el sitio 16 de las 32 entidades federativas.
Según encuestas nacionales de victimización de empresas, de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, de calidad de impacto gubernamental, y de los censos nacionales de go- bierno, seguridad pública, sistemas penitenciarios estatales y de gobiernos municipales y delegacionales, elaboradas en 2016 y 2017, se sabe también que 14.6 por ciento de la población adulta en contacto con algún servidor público, experimentó algún acto de corrupción. Mientras que 5.4% del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción.
En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 mil 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o
El año pasado solo 4.6% de la población denunció actos de corrupción, y de los que no lo hicieron, 82.6% consideró es pérdida de tiempo; 15.1% porque se benefició de ello, y 13.6% lo considera práctica común
transporte público (11 mil 081 delitos por cada cien mil habitantes).
La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo del tema de inseguridad y la delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años. Tan solo el año pasado, 3.1 millones de personas entregaron siete mil 218 millones de pesos por sobornos, equivalentes al presupuesto federal para tres programas sociales, en tanto que las empresas desembolsaron alrededor de mil 612 millones de pesos por el mismo concepto.
Para revertirlo, Hidalgo cuenta desde finales de 2017 con planes o programas estatales con acciones tendientes a vigilar y controlar aquellos trámites o servicios que son susceptibles de presentar eventos de corrupción.