La Auditoría Superior de la Federación y la UNAM
La noticia
en principio es positiva. La Auditoría Superior de la Federación, o sea, el gobierno, anuncia que no dejará un peso sin revisar del gasto federal ejercido por las siete mil instituciones públicas escrutadas, utilizando para ellos nuevas tecnologías y el apoyo de jóvenes egresados de la carrera de Ciencia de Datos de la UNAM. Ello de acuerdo con los lineamientos generales del nuevo Tratado México, Estados Unidos Canadá y conforme a la política anticorrupción del gobierno mexicano.
Al efecto la Auditoría firmó un convenio con la Universidad porque quiere que nuestra Máxima Casa de Estudios “la ayude a construir y a programar algoritmos que le permitan identificar alguna irregularidad”. Hasta aquí la noticia es positiva. El Auditor Superior de la Federación ha dicho que “hay información que no podemos analizar, por eso nos acercamos a la Facultad de Ciencias”.
Ahora bien, la UNAM, la Universidad de la Nación, es sin duda, digamos, una ventana que se abre hacia las demás universidades públicas del país regidas por el artículo 3o constitucional en su párrafo séptimo, que dice a la letra que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, y administrarán su patrimonio”.
Desde luego respetando los principios consagrados en el artículo 3o, entre los que destacan la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Por eso nuestra autonomía constitucional y legal debe ser inmodificable e intocable. Hay que reconocer que de un tiempo a esta fecha ha habido la tentación, digámoslo así, de vulnerar nuestra autonomía que depende económicamente del presupuesto de la Federación.
Por una razón u otra se ha visto particularmente en la UNAM, extendido esto a todas las universidades públicas del país, un supuesto riesgo que lleva consigo la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Un absurdo criterio tecnocrático marcado de neoliberalismo extremo nos tiene en la mira. Bienvenido el convenio de la Auditoría Superior de la Federación con la UNAM; pero no vaya a ser que por allí se
filtre la tentación de calificar la administración del patrimonio universitario sólo cuantitativamente, pasando por alto que administrar implica tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, es decir, los números —algoritmos— son en el caso importantes pero sin olvidar jamás su relatividad que en ocasiones va más allá de lo numérico.
Y no hay duda de que si se rebasan ciertos límites se podría en la especie afectar la autonomía. La corrupción generalizada contra la que hay que luchar no se debe confundir con sombras fantasmales que ocultan un propósito o fin avieso.
La autonomía universitaria es un tesoro nacional, un pilar de la fortaleza constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia. En suma, se recurre a la UNAM por su enorme prestigio e independencia autonomía nacional e internacional¸ siendo que la crisis de corrupción que acosa a México, de la mano negra de una violencia continua, requiere ser combatida con una inteligencia que no repare en presiones, convencionalismos o complicidades. Inteligencia crítica y aguda.
No olvidemos que el grito de “¡Muera la inteligencia, viva la muerte!” —Millán Astray— ante la inteligencia y espíritu universitario en persona que era Unamuno, fue el preludio de la barbarie y de la sinrazón.
La Auditoría firmó un convenio con la Universidad porque quiere que nuestra Máxima Casa de Estudios “la ayude a construir y a programar algoritmos que le permitan identificar alguna irregularidad”.