Retos en el Sistema de Justicia Penal
Como parte de un conocimiento generalizado, sabemos que la reforma constitucional de 2008 transformó nuestro sistema de justicia penal en uno de corte acusatorio y oral, y esta misma estableció como límite para su implementación en todo el país el 18 de junio de 2016, mañana se cumplen cinco años.
Para quienes nos dedicábamos a la implementación de la reforma y de hacer realidad este cambio, nos resulta bastante obvio y necesario hacer adecuaciones a nuestro marco jurídico penal para posibilitar la aplicación del sistema acusatorio en todo el país. Imagínense tener que coordinar a los 32 congresos de las entidades federativas, para que homologaran alrededor de 350 leyes locales, más y aquí debo hacer una pausa importante, el sistema de justicia militar, se dice fácil, pero fue una tarea ardua de los distintos actores que tuvimos como responsabilidad tal tarea.
A parte de ello, fueron los recursos destinados para infraestructura, tecnologías de la información, recursos humanos, cambios organizacionales y, de manera trascendental, la capacitación necesaria para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados. Todo posible por que existía una una instancia de coordinación (constitucional) integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de presidentes de Tribunales, la cual contaba con una secretaría técnica, que coadyuvaba y apoyaba a las autoridades locales y federales, cuando lo solicitaban. Han pasado trece años desde la aprobación de la reforma que nos ocupa, y cinco desde su fecha límite para su ejecución; sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, debemos reconocer que aún quedan pendientes muchas tareas de consolidación del sistema, si bien, fue prolífico en otorgar un plazo de vacatio legis de ocho años para su implementación, dejó de lado o bien olvidada la consolidación de la reforma, de modo que advertimos un letargo en la consolidación.
No debemos olvidarnos que hoy hablamos de un proceso de maduración de cinco años del sistema de justicia penal, que ha adolecido de criterios de evaluación y armonización.