La manifestación
Pública, la toma de las calles, irrumpen contra la simulada apacibilidad del “no pasa nada”, “todo es perfecto”. ¿Perfecto?, ¿desde el punto de vista de quién? Las primeras marchas más emblemáticas han sido las convocadas por los obreros cada primero de m
Han sido necesarias para protestar por las condiciones de explotación en las épocas en que el desarrollo industrial motivó a campesinos buscar mejores condiciones de vida y se convirtieran en obreros y obreras. Había que protestar contra la nueva burguesía, adueñada de los medios de producción. Marchar por mejores salarios, dignos y suficientes, por derechos laborales, así fue constituyéndose como un derecho colectivo.
Las marchas, cualquiera que sea el asunto que las motive, tienen una característica: del lado de las calles está la sociedad, el pueblo, que reclama derechos; del otro lado está el poderoso, el que arremete con descalificaciones y amenazas desde sus aposentos del poder. No hay igualdad de condiciones. Nunca.
Intrínseco a las marchas, hay muchas historias para disuadir no se saliera a las calles. Hoy la contingencia ambiental decretada un día antes de la marcha del 13 para defender al INE, pareciera resultado de la invocación al supremo, para inventarse aire impuro, y ordenar se deje sin mover, una parte vehicular. Inevitable la suspicacia de que el gobierno de la ciudad pretendió desmovilizar la marcha. No dio resultado. Cuando hay determinación y motivo para asistir a una marcha, su convocatoria remonta cualquier argucia.
El contingente plural, con gente de todas las edades, tomó el Paseo de la Reforma para llegar en la concentración en el monumento a la Revolución y escuchar al primer presidente del organismo autónomo electoral, entonces el IFE, José Woldenberg. Su conocimiento y autoridad moral y ética en la materia, no puede ser cuestionado por nadie. Claro y contundente dijo lo que ha repetido en las últimas semanas: el INE no puede sufrir ninguna reforma porque se trastoca su objetivo de garantizar que la elección de 2024 sea limpia, ordenada, vigilada, y sobretodo independiente del gobierno.
Como sabemos, la reforma electoral del presidente está en la Cámara de Diputados. Aunque el PRI ha dicho que no se prestará para reformar al INE, circula que, como en la militarización, hay presiones de todo tipo desde el gobierno para garantizar los votos para la aprobación de esa perniciosa reforma a la democracia que se pretende desde Palacio Nacional.
Las diputadas y los diputados federales de Morena y de los grupos que les acompañan, pasarán a la historia como personas serviles al Presidente.
Es un grave problema que quienes están en un espacio parlamentario no analicen con sensatez de personas adultas, las repercusiones de su voto.
Hay reformas que necesita nuestro sistema electoral en un afán de perfeccionamiento, que las ocho anteriores no han sido suficientes para evitar la coerción del voto teniendo al narco en muchas regiones. Pero no hay que ser ilusos: esa discusión corresponda a otro ámbito del gobierno. Debemos ir al 2024 con este organismo electoral y con estos preceptos constitucionales.
En la historia parlamentaria se constata la disciplina partidista de los grupos ligados al Presidente; pero también las artimañas para presionar, o comprar, a legisladores de la oposición. Lo que sigue, es no confiarnos.
Aunque el PRI dice que no se prestará para reformar al INE, circula que, como en la militarización, hay presiones de todo tipo desde el gobierno para garantizar los votos para la aprobación de esa perniciosa reforma a la democracia que se pretende desde Palacio Nacional. Los diputados de Morena pasarán a la historia como serviles al Presidente.
El próximo año se planea una asignación de 865 mil 227 millones de pesos para programas sociales. Esto equivale a un incremento de 18.8 por ciento en términos reales en comparación con lo aprobado en 2022. Llama la atención que, de estos recursos, casi el 60 por ciento se pretenda destinar a ocho programas sociales los cuales se consideran prioritarios: 1) Pensión de las personas adultas mayores, 2) Beca para educación media superior, 3) Sembrando Vida, 4) Becas de educación básica, 5) Pensión para personas con discapacidad, 6) Jóvenes Construyendo el Futuro, 7) Jóvenes Escribiendo el Futuro y 8) Apoyo para las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
Tan solo las pensiones de las personas adultas mayores se comerán el 38.8 por ciento del total de los recursos a apoyos sociales. De 2013 a 2018 el programa se otorgaba a los adultos mayores de 65 años. Durante 2019, el presidente subió la edad de acceso a la pensión para adultos mayores a 68 años, pero en 2022, cambió las reglas de operación para regresar la edad de acceso a los 65 años.
Además, se anunció que la pensión aumentará un 25 por ciento a inicios del 2023, pasando de 3 mil 850 bimestrales a 4 mil 812 pesos. Por lo cual se proyecta un incremento de 37 por ciento para dicho programa el año siguiente.
Nadie podría cuestionar que es una buena noticia que se destinen mayores recursos a programas sociales. De la misma forma, difícilmente alguien pediría que disminuyan o se eliminaran las pensiones de los adultos mayores. El problema está en el enfoque de la discusión. No se trata de estar en contra o a favor de las pensiones, sino de pensar en cómo hacer que el #presupuesto2023 sea equitativo e intergeneracional.
Que al mismo tiempo que se protegen adultos mayores y personas con discapacidad se aseguren recursos para las niñas, niños y adolescentes, independientemente
Destinar mayores recursos no servirá de nada si los programas sociales son poco efectivos e ineficientes para cumplir su fin. El riesgo de que el presupuesto contemple apoyos clientelares va más allá de las elecciones. El costo real de este tipo de apoyos es una sociedad más desigual, sin inversión productiva y sin un progreso sostenible. La lógica electoral llegó para quedarse. Las autoridades mexicanas renunciaron a gobernar y eligieron someterse al reflector.
de que ellos no voten. A pesar de la política de austeridad, el Presupuesto de Egresos de la Federación no ha dejado de crecer. Para 2023 ascenderá a más de 8 billones de pesos, equivalente a un aumento de 13 por ciento en términos reales en comparación con este año. Algo estamos haciendo mal como país, cuando el presupuesto crece año tras año y 2 de cada 5 mexicanos se encuentra en situación de pobreza (Coneval 2020).
Destinar mayores recursos no servirá de nada si los programas son poco efectivos e ineficientes para cumplir su fin. El riesgo de que el presupuesto contemple apoyos clientelares va más allá de las elecciones. El costo real de este tipo de apoyos es una sociedad más desigual, sin inversión productiva y sin un progreso sostenible. La lógica electoral llegó para quedarse.
Las autoridades renunciaron a gobernar y eligieron someterse al reflector.