Ingenieros militares S. A.
La sospechas sobre el manejo irregular de recursos en obra pública encomendadas a la secretaría de la Defensa Nacional escalaron en días recientes al colocar de nuevo en la mira a los mandos del Cuerpo de Ingenieros Militares. La prensa hizo eco del ascenso que se anunció con antelación en esta columna a general de división de Salvador Fernando Cervantes Loza, director de Ingenieros Militares, en retribución por sacar adelante las ocurrencias y caprichos presidenciales como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, entre otros.
Cervantes Loza podrá seguir lo que resta del sexenio confiado por contar con la anuencia presidencial y la confianza del secretario de la Defensa Nacional, pero la bomba de relojería con los expedientes abiertos de su segundo de a bordo en la dirección de Ingenieros Militares, el coronel Rafael Alejandro González Hernández, subdirector hasta abril pasado, y la del capitán Jorge Luis Aparicio Rojas no serán cualquier cosa una vez concluido el sexenio.
Y no serán porque la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el incremento inexplicable en sus cuentas bancarias de González Hernández y Aparicio Rojas, ponen la lupa sobre lo que en términos militares se llama PSO (Procedimiento Sistemático de Operar), utilizado para unidades de arma en operaciones en campo, pero que aplica para decisiones administrativas donde las adjudicaciones directas de obra pública se han convertido en norma no escrita este sexenio donde la opacidad funciona para dar pie a irregularidades.
En el verano de 2019 el coronel González Hernández facilitó la adjudicación directa de tres contratos por más de seis millones de dólares y más de dos millones de euros para trabajos de aeronavegabilidad, orografía y estudios de capacidad en el AIFA. Este caso sería el más reciente sobre contratos que involucran obras del aeropuerto. Aparte el coronel y el capitán Aparicio Rojas aparecen en una investigación la UIF por depósitos millonarios en sus cuentas bancarias entre julio de 2017 y diciembre de 2018, en el último tramo del sexenio anterior y el inicio de éste, para obras de impermeabilización en instalaciones militares en las 12 regiones militares en que se divide el país. La UIF detectó que hubo depósitos al capitán Aparicio por 179.3 millones de pesos en sus cuentas personales entre mayo y junio de 2019 y otros 13.9 millones entre julio y abril de 2017. Esto después de haber adjudicado el contrato a la empresa Sinergia Integral Cristowen por 252.8 millones.
Más allá de que el capitán Aparicio y el coronel González Hernández sean sujetos de escrutinio, su caso es uno de varios que conforman la punta del iceberg de los manejos que este sexenio ha tenido la dirección de ingenieros militares. En el Ejército existe un control férreo sobre todos los movimientos financieros tratándose de obra pública. En otro momento en este espacio se han recogido opiniones de especialistas y militares en retiro donde ubican la extralimitación del papel del Ejército, donde pareciera que el Cuerpo de Ingenieros Militares se maneja como sociedad anónima, como un arma de doble filo. Pocos dudan que serán de los primeros en ser llamados a cuentas después del 1 de diciembre del 2024.