Admite la Suprema Corte controversia constitucional
Se ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018 que interpuso San Pedro Cholula, Puebla
CEl Sol de MéxicoDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que dio entrada a un expediente con una controversia constitucional promovida por el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, con referencia a la Ley de Seguridad Interior promulgada el 21 de diciembre pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto. El Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, que interpuso el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, en contra del decreto por el que entró en vigor la Ley de Seguridad Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló que el municipio actor demanda la inconstitucionalidad del decreto emitido por la Ley de Seguridad Interior en los artículos 7,11 y 16 por considerar que “violenta de manera flagrante su autonomía”. El expediente de la demanda, que señala como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal y el Director del Diario Oficial de la Federación, fue turnado al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, quien deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite.
ANTECEDENTE EN CHOLULA, PUEBLA
El pasado 5 de enero pasado, integrantes del ayuntamiento de Cholula, Puebla, presentaron ante la oficial a de partes de la SCJN la documentación requerida para interponer la controversia constitucional. La municipalidad considera que esta Ley de Seguridad Interior viola la Constitución en lo que tiene que ver con la autonomía de la seguridad pública municipal. Refiere que la Ley violá el tema de la seguridad pública que está consagrada a los municipios en el artículo 115 de la Carta Magna, por lo que se considera que sería una violación a la autonomía municipal que los elementos de seguridad en algún momento una persona ajena pueda tener el mando de la seguridad, siendo designada por el Presidente. El Ayuntamiento poblano infiere que esta Ley contraviene a la transparencia y a los derechos humanos tal y como lo ha apuntado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cabe recordar que el pasado 21 de diciembre, en el marco de los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente Peña Nieto anunció que había decidido promulgar la Ley de Seguridad Interior, aunque no hizo uso de ella y pido a la SCJN ser “el árbitro legitimado” y definir si es Constitucional o no.