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armó una justificación para que sea analizada por la Procuraduría General de la República, instancia que funciona como abogado general de la Presidencia.
“Ya hicimos la solicitud, el Ejecutivo federal lo está analizando y a finales de la próxima semana tendremos noticias sobre si fueron sensibles a nuestra petición e intercede por nosotros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar la inconstitucionalidad”, dijo.
La reforma a la legislación, también conocida como “Ley Compadre”, da prioridad a los esquemas de asignación directa para las obras de desarrollo y evita las licitaciones para otorgar contratos públicos, lo que puede generar un incremento en la discrecionalidad y la corrupción.
El pasado 15 de octubre la Cofece señaló en un comunicado que la reforma aprobada por el Congreso tabasqueño amplía sin un fundamento objetivo “el margen de Alejandra Palacios discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público”.
En este mismo sentido, Alejandra Palacios advirtió que la ley es de trascendencia, pues puede generar un efecto dominó y extender esta mala práctica hacia otros estados.
La Cofece señaló que las licitaciones son el mejor medio para asegurar que los gobiernos de cualquier orden obtengan las mejores condiciones en materia de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el desarrollo de obras.