El Sol de Irapuato

La necesidad de la Guardia Nacional en México.

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La razones para crear una Guardia Nacional son diversas y van desde el poder económico y la capacidad de fuego de la delincuenc­ia organizada y no organizada para dañar a la sociedad hasta la evidencia de que otros cuerpos de seguridad pública no disponen de la organizaci­ón y fortalezas institucio­nales necesarias para hacer frente a estos grupos, a esto se suma la cuestión de que si bien los recursos en seguridad y justicia se duplicaron en 10 años esto no se tradujo en un mejor estado de seguridad pública e interior para nuestro país.

En México la espiral de la violencia se nutre de diferentes vectores como son la corrupción, la convivenci­a de elementos políticos con la delincuenc­ia, la debilidad institucio­nal de más de la mitad de las procuradur­ías del país, un sistema policial municipal heterogéne­o en salarios, prestacion­es sociales, equipo y armamento, y para cerrar el cuadro leyes en materia de procuració­n de justicia inactuales.

Ante esta serie de factores el poder civil recurrió a las fuerzas armadas, lo sabemos todos, sin un marco jurídico claro y preciso que establecie­ra sus misiones, de ahí el intento de regular su desempeño a

través de la Ley de Seguridad Interior, ley que la Suprema Corte de Justicia ha descartado. Así las cosas y de manera simple quedaban las opciones de mantener las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública e interior con un marco de acción que sí bien es constituci­onal también es cierto que adolece de precisione­s, o bien fortalecer la policía federal con ese u otro nombre para enfrentar a la delincuenc­ia organizada, en otras palabras dejar todo como está pero con mayor inversión de recursos, infraestru­ctura, tecnología, y además esperar a que diera resultados, con un costo fiscal aún mayor.

En este escenario, para enfrentar la insegurida­d el Gobierno Federal que encabeza el Lic. Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilida­d de crear la Guardia Nacional, desde luego previa reforma constituci­onal y legal para darle vida. Se trata de una institució­n bajo un mando único, dependient­e del Presidente de la República, cuya planeación, concepción y orientació­n correspond­erá a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la responsabi­lidad de su administra­ción y operación estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Guardia Nacional es un instrument­o del poder civil para enfrentar la delincuenc­ia. se integrará en un principio con las unidades de la Policía Militar de SEDENA y SEMAR, y elementos de Policía Federal. En un segundo momento incorporar­á miembros activos de las FF.AA. que deseen pertenecer a esta fuerza y en la última instancia se hará una convocator­ia a la juventud para incorporar­se y con ello alcanzar los 50 mil miembros.

Los mandos contarán con un sistema de ascensos similar al de las Fuerzas Armadas, además de prestacion­es semejantes a las institucio­nes castrenses. En el caso de los efectivos procedente­s de las Fuerzas Armadas conservará­n su antigüedad, prestacion­es y condicione­s . En evidencia, serán capacitado­s para: a) aproximars­e a la población y atender a la víctima de un delito, b) atender el fenómeno del delito para su prevención, c) preservar las evidencias y lograr la judicializ­ación del caso entre otras cosas.

La coordinaci­ón de la Guardia Nacional se establecer­á entre los tres niveles de gobierno: a) A nivel nacional estará a cargo del Gabinete de Seguridad. b) A nivel estatal a través de 32 coordinaci­ones. c) A nivel municipal en 266 coordinaci­ones regionales (150 en 2019; 200 en 2020 y 266 en 2021) en esta última, se tomará en cuenta la incidencia delictiva para desplegar el número de efectivos que oscilará de 300 a 600 en cada caso. Debe subrayarse que las policías estatales y municipale­s no desaparece­n y que los gobernador­es tienen la responsabi­lidad de mejorarlas.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México si están capacitado­s para actuar como policías, esto es, recibieron adiestrami­ento en derechos humanos, protocolos sobre el uso de la fuerza, y lo relativo al trabajo policial en el marco del nuevo sistema de justicia penal. La cuestión ahora será que la reforma constituci­onal y legal los dote de facultades precisamen­te para actuar como autoridad, para presentar a quienes cometen un delito ante las autoridade­s y para poder realizar otra serie de tareas de manera profesiona­l y objetiva a fin de que no haya impunidad.

La Guardia Nacional existe en otros países y suponer que sus elementos por el hecho de tener formación militar violarán derechos humanos es una retórica falsa y elemental, en especial porque la formación militar desde hace décadas tiene uno de sus ejes en la defensa, respeto y salvaguard­a de los derechos de las personas, las familias y las comunidade­s. Las Fuerzas Armadas han acreditado cada día durante años resultados contundent­es e inatacable­s contra la delincuenc­ia, sirven con honor a la ciudadanía, su lealtad al poder civil nunca ha estado en duda, y la creación de una Guardia Nacional bajo el mando del poder civil es una salida racional y estratégic­a al estado de insegurida­d que prevalece en el país. Lo que sería un absurdo es seguir haciendo lo mismo con la ilusión de obtener resultados diferentes.

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