Elba Esther y el lavado de dinero
Hace una
semana la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue liberada y absuelta de cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada tras estar más de cinco años presa. Aunque todavía tiene pendiente otra investigación iniciada en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR), este caso pasará a la historia como un fracaso en la lucha contra del lavado de dinero.
Las lecturas políticas sobre este acontecimiento inundaron la opinión pública la semana pasada, pero carecieron, en su mayoría, de un análisis riguroso y técnico sobre qué deberíamos hacer para que investigaciones como las realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de PGR no tengan el mismo destino: la impunidad.
Si hay algo que ha demostrado el caso Elba Esther es que perseguir y sancionar el lavado de dinero es complejo y tardado. Pareciera que seguir la ruta del dinero es una tarea sencilla y que lo único por hacer es rastrear las migajas que dejan como rastro las operaciones en el sistema financiero, como en el cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. En la práctica, investigar este tipo de conductas apegándose a la legislación financiera y de protección de datos personales implica que cada investigación se haga con pinzas.
Un aprendizaje derivado de este caso es que el lavado de dinero no es meramente una problemática de seguridad pública como se suele pensar. De ahí que una institución como la UIF esté dentro de la SHCP y no se encuentre aislada del sistema financiero. La propuesta apenas mencionada por el equipo del presidente electo de trasladar la UIF a otra dependencia, muy probablemente a la refundada Secretaría de Seguridad Pública, tendría que analizarse con más cuidado e incluso, tendría que ser más ambiciosa y clara en sus alcances. Debemos recordar que quienes cometen este delito bien pueden ser los míticos capos de la droga, líderes de sindicatos, terroristas o también, políticos corruptos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya sospechaba sobre presunto lavado de dinero y financiamiento irregular de la campaña
presidencial de Jaime Rodríguez. Este, sin duda, no sería el primero ni el último caso.
Por ende, la absolución de Elba Esther Gordillo sienta un precedente para futuras investigaciones ya que manda una clara señal para quienes llevan a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita: la sanción es improbable y si llegase a ocurrir, es reversible.
¿Qué podríamos hacer para cambiar esto? El proyecto #PorUnMéxicoSeguro del Observatorio Nacional Ciudadano dio cuenta de que el lavado de dinero resuena muy poco en la cabeza de los candidatos. Buena parte de los que contestaron los cuestionarios afirman que al ser un tema de competencia federal, sus acciones en la materia se limitarían exclusivamente a coadyuvar con el Ejecutivo. En otras palabras, esperaremos que nos digan qué hacer.
Preocupan este tipo de respuestas pues actividades como el lavado de dinero tienden a ser más evidentes en el ámbito local por su impacto en las economías estatales. En la medida que esta actividad gana terreno, se contaminan otros sectores legales y aumenta el grado de camuflaje de los actores criminales en el sistema financiero. No deberíamos echar en saco roto las lecciones que nos deja el caso de Elba Esther. Como coyuntura política nacional, el gobierno saliente quedó mal parado. Como un asunto de técnica jurídica, la UIF y la PGR perdieron credibilidad ante tribunales que rara vez pagan el costo de sus decisiones. Antes de darle carpetazo a este asunto, tendríamos que reflexionar si trasladar a la UIF a otra dependencia o bien, que los gobiernos estatales no participen de manera activa en esta materia, es suficiente para evitar que políticos corruptos e integrantes de las organizaciones criminales se salgan con la suya una y otra vez.