Demanda la IP dar menos privilegios a los sindicatos
Piden empresarios reconsiderar elementos que amenazan la competitividad
Si bien a favor del desarrollo económico resulta en términos generales positiva la reforma laboral aprobada por los diputados y canalizada ya para su revisión al Senado de la República, en lo particular hay algunas disposiciones en las que se espera pueda haber reconsideraciones porque se advierten como elementos que pueden llegar a menoscabar la competitividad de las empresas al traducirse como beneficios y hasta privilegios que inclinan la balanza a favor de las organizaciones sindicales más que de los trabajadores en sí.
Lo plantea así el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), Roberto Muñoz del Río, al referirse a objeciones que ya los organismos empresariales a nivel nacional han estado planteando con insisten
cia ante los legisladores. No niega que el balance es positivo, pero cree que lo aprobado hasta ahora le queda mucho a deber a la reforma sugerida desde hace años por la OCDE.
Por ejemplo, considera que debe haber mayor puntualidad en las disposiciones que se supone le apuestan a democratizar la vida sindical, en aspectos como el derecho a la libre asociación, además de que no se le debe quitar al trabajador la libertad para optar en un momento dado por no ser representado por ningún gremio al privilegiarse la contratación individual. Igualmente, hay que esperar a que los senadores accedan a permitirle a las empresas calificar una huella como legítimamente estallada en un plazo de 15 días y no de 60, toda vez que se considera riesgoso dejar todo a criterio de los líderes gremiales.
Finalmente, Muñoz del Río aclaró que los empresarios en realidad no tienen nada en contra de las organizaciones sindicales, sino que simplemente están a favor de que las disposiciones legales correspondientes sean realmente propicias para favorecer la paz laboral a favor de la productividad.
ROBERTO MUÑOZ DEL RÍO PRESIDENTE DEL CONSEJO LAGUNERO DE LA INICIATIVA PRIVADA Se deben sancionar los movimientos de huelga que no sean realmente legítimos”