El Pacto Fiscal ya es obsoleto: Empresarios

A Coahuila no se le reintegra ni el 10% de lo que aporta a la Federación: Iniciativa Privada

Los presidentes de la Canacintra, Carlos Braña; de la Canaco, Luis Cuerda, y de la Coparmex, Fernando Menéndez, coincidieron en que el actual Pacto Fiscal que ejerce la Federación es obsoleto, inequitativo e injusto para entidades como

Coahuila, que no recibe ni el 10% de lo que aporta y que por lo tanto afronta serias dificultades para salir adelante en situaciones como esta pandemia donde se carece de los recursos necesarios para enfrentarla sin contratiempos, además de la preservación del empleo que será crucial para seguir creciendo en Coahuila y México. Lo que han pedido los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas y NL no está fuera de lugar, pues de acuerdo a los números entre estas tres entidades aportan más del 20% de los recursos que recibe la Federación, y su retribución es muy pobre.

Se entiende

que la superioridad de un régimen sujeto a leyes respecto a otro que no lo está, reside en el acotamiento riguroso que la propia ley impone a los actos de quien o quienes detentan el poder de la nación. A diferencia de los Estados absolutistas en que la voluntad del monarca era la única limitante y el único juez de sus actos, el gobernante sujeto a leyes no puede imponer sus decisiones personales; solo puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Esta es la hoy tan traída y llevada certeza jurídica que muchos ciudadanos denuncian como gravemente vulnerada por el gobierno de la 4a T.

No es indispensable que los actos fuera de la ley de un gobernante sean perversos, crueles o dañinos al bien común para que su conducta sea considerada como ilegal y para que sea sometido a juicio como cualquier otro infractor del Estado de derecho. Es el hecho mismo de traspasar los límites de la ley lo que constituye un delito, sin importar para nada la naturaleza de la acción que lo provoca. Y es así porque, si por la bondad del objetivo que perseguimos, todos estuviéramos dispensados de respetar la ley, se estarían echando las bases, o para la anarquía social o para la dictadura y el absolutismo. Cuando una grave contingencia social (como la actual pandemia de Covid19), exige imponer límites y restricciones a las libertades individuales en contra de la voluntad de las personas, el gobierno debe decretar el estado de excepción, es decir, la suspensión temporal de las garantías individuales, como la ley lo faculta y le ordena. Si resulta posible hacerlo, sin embargo, es preferible someter las decisiones difíciles a la consulta de la ciudadanía, escrupulosamente regulada por el Estado de derecho.

En México, desgraciadamente, hace buen rato ya que el ciudadano común y corriente perdió la confianza en la ley y en las autoridades encargadas de aplicarla. Aunque no todos lo digan, todos piensan que la ley, mejor dicho, que la interpretación y aplicación de la ley son materia muy elástica, extremadamente proteica y maleable en manos de quienes la manejan y aplican, al grado de que funciona mejor como una mercancía, como algo que se compra y se vende al mejor postor, que como escudo protector para quien haya sufrido un agravio, un atropello o graves lesiones a su patrimonio y a su persona. ¡Cuidado!, se aconsejan entre sí las personas; cuidado porque, en un descuido, no solo no te van a hacer justicia, sino que puedes acabar en la cárcel y pagando una multa, mientras tu agresor se burla y se regocija. La gente siente verdadero pavor solo de tener que pisar un juzgado o un ministerio público. Hoy, en tiempos de la 4a T, se ha puesto en circulación una novedosa forma de burlar la ley sin caer en falta pasible de castigo. Una forma que se ha hecho posible por el excesivo poder que concentra en sus manos el Presidente.